Ya para nadie es un secreto que las finanzas públicas veracruzanas están en bancarrota, lo que complica al gobierno del estado cumplir sus compromisos, incluido el gasto corriente; el pasivo circulante suma miles de millones de pesos, y con la determinación de la Suprema Corte de Justicia para detener los efectos del acuerdo legislativo para solventar ese adeudo con recursos provenientes del 3% a la nómina, hace imposible pagar a proveedores y reducirlo. El Organismo Público Local Electoral (OPLE), es otra de las dependencias a las que el gobierno del estado adeuda ya varias remesas provocando que no se cubran desde junio sus quincenas al personal que allí labora; los Consejeros no han sido capaces de responderle a sus empleados pues su única reacción es culpar a finanzas en boletines periodísticos, sin atreverse a iniciar acciones contra aquella dependencia cuyo titular les ha venido dando atole con el dedo, lo que por su pasiva actitud quizá merezcan, pero desafortunadamente los afectados resultan ser los trabajadores.