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Para el columnista de El Universal, Salvador García Soto, es muy común que en México las autoridades encargadas de aplicar la justicia para encubrir sus deficiencias descalifican a las víctimas de un crimen, escribe: “Esa práctica es común en Veracruz y acaba de repetirse en el caso de los dos sacerdotes secuestrados y asesinados en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Poza Rica. Ayer, sin concluir aún las investigaciones, el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, salió a los medios no a dar mayor información de los criminales, sino para ‘revelar’ —siempre con intención moralina— que los dos párrocos, Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez de la Cruz, de 40 y 50 años de edad, ‘habían convivido e ingerido licor durante varias horas con sus victimarios en las oficinas de la parroquia’. A partir de eso, el fiscal negó que el doble crimen, en que los cuerpos aparecieron asesinados, […] maniatados y abandonados en un paraje de la carretera, tenga que ver con ‘delincuencia organizada y —como quien induce una conclusión— afirmó que se trató ‘de una reunión que se descompuso y se salió de control’. Lo mismo que Luis Ángel Bravo, criminalizando a los sacerdotes, lo hizo con la joven Daphne, violada por cuatro jóvenes, cuando desde la Fiscalía se alentó la versión de que la menor de edad conocía a sus violadores y aceptó ir con ellos. Y lo mismo hicieron otros fiscales en Veracruz en el gobierno de Javier Duarte que, en casos como el de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, asesinada en su casa en abril de 2012, en un caso en el que también en su momento criminalizaron a la periodista —como lo han hecho con muchos otros informadores de los 19 asesinados en la entidad en este sexenio— al decir que ‘ella invitó a su casa a su victimario”.