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Sociedad 3.0

Abogados se pronuncian porque la designación de nuevos magistrados al Poder Judicial del Estado sea ciudadanizada mediante la inclusión de jueces, abogados litigantes y los propios magistrados que tengan facultades para proponer candidatos, esto con el fin de desterrar el favoritismo y las complicidades de los titulares del Poder Ejecutivo, únicos que tienen atribuciones para hacer estas propuestas.

En el Editorial del último número de la prestigiosa revista Jurista, el Director General, Octavio Ruiz Martínez, plantea la necesidad de abrir una discusión sobre la pertinencia de reformar la Constitución de Veracruz para que las propuestas de magistrados no sean una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, para evitar la eventualidad de que interfieran intereses de carácter político relacionados con grupos, partidos, amistades, resortes económicos, circunstancias temporales o cualquier cosa que no sea únicamente el conocimiento técnico y jurídico, el apego a la moral pública y la trayectoria profesional.

La forma actual de proponer candidatos a las magistraturas discrimina a todas las personas que, no obstante cubrir los requisitos que señala el artículo 58 de la Constitución Política del Estado, no forman parte de grupos políticos, económicos o de otra naturaleza, ni cuentan con la amistad del Gobernante en turno, argumenta.

También deplora que ni siquiera formando parte del propio Poder Judicial y contando con amplia experiencia en la impartición de justicia, se toma en cuenta a jueces para que integren el órgano máximo.

En esa medida y previa reforma a la Constitución Local –propone- se debe trabajar en dos vertientes. Primero que las propuestas para el cargo de magistrado se formulen por parte de jueces de primera instancia, colegios de abogados y organismos de la sociedad; y segundo, que sea formado un comité de evaluación integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, un magistrado de cada sala, algunos jueces de primera instancia y abogados litigantes prestigiosos y colegiados. Mientras que el examen de evaluación debe comprender conocimientos jurídicos, experiencia y aptitud de servicio.

Sólo así se avanzará para que la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado sea una realidad que rinda frutos visibles en la alta calidad de resoluciones inatacables por los órganos de revisión, técnicamente impecables y que representen la magistratura de funcionarios probos y leales a su delicada misión, manifiesta el Director Ruiz Martínez.

El número 18 de Jurista, Derecho y Justicia, comenzará a circular desde este viernes. La edición contiene la propuesta del investigador Manlio Fabio Casarín León sobre las líneas que deben tomarse en cuenta para lo que denomina un nuevo arreglo institucional del Estado, ante los graves problemas de corrupción que se han enfrentado y las imposibilidades legales para enfrentarlos.

Como complemento de lo anterior, Mario Ulises Pereyra Esquivel aborda el tema de la ética de los servidores públicos; José Antonio Márquez González, describe los contenidos del nuevo Código Civil argentino; Juan José Llanes Gil del Ángel reflexiona sobre el gran logro obtenido en Veracruz al ser reconocidos los derechos a la pensión como parte de los derechos humanos; Alaodin Nieto Solana, hace un análisis sobre los tribunales, organismos electorales y el marco jurídico electoral; Nicolás Boeglin aborda la grave problemática de las cárceles en Costa Rica; Geovani de Jesús Durán Muñoz habla sobre delitos electorales; Ángel Javier Casas Ramos aborda las medidas cautelares en materia del trabajo; y también se da cuenta de los homenajes a personajes como Francisco Berlín Valenzuela y José Zaydén Domínguez, entre otros juristas, con motivo del Día del Abogado.

CON INFORMACIÓN DE:

http://revistajurista.com/un-tribunal-de-alta-calidad/

 

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Revista Jurista