Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
21 de septiembre de 2016

Hace seis años, nadie se hubiera podido imaginar un fin de sexenio como el que vive en estos momentos la población del estado de Veracruz.

Abandonados a su suerte, indefensos ante la oleada de violencia más salvaje de la que se tenga memoria en el pasado reciente, los veracruzanos ya no saben, ya no sabemos, a quién recurrir para detener la barbarie que azota a la entidad en todos los frentes, en todo el territorio.

A riesgo de una no gratuita reiteración, de norte a sur de la entidad lo que priva es una muy peligrosa ausencia de autoridad, por omisión de un gobierno estatal al que ya no le importa nada más que salvar el pellejo, gobiernos municipales que por incapacidad o complicidad dejan hacer y pasar a la delincuencia, y una administración federal abúlica, indolente e insensible, que está más preocupada por…quién sabe qué.

Nada en el estado funciona adecuadamente. Pero entre todos los problemas que arrastra Veracruz, el de la violencia incontenible es el mayor de todos. El vacío dejado por un gobierno estatal en funciones que no funciona para nada, ha propiciado la ganancia de los criminales en medio del río revuelto de la inseguridad.

Y no es que las fuerzas encargadas de la seguridad pública estén desarticuladas o dispersas. Es claro que cuando algún suceso o personaje es del interés del gobierno, actúan. El problema es que al gobierno de Javier Duarte cada vez le interesan menos cosas que no sea su inútil defensa por las acusaciones de corrupción en todos los niveles que no dejan de brotar por todos lados.

Los más recientes episodios de violencia en Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos y Cosoleacaque exhiben a Veracruz en la verdadera condición en que se encuentra desde hace un tiempo: un estado fallido, donde cualquiera asesina, secuestra, roba y agrede a una población desamparada, sin importar en qué región del estado se encuentre. Nadie está a salvo.

Tanto así, que un sector que generalmente es intocado, como el eclesiástico, también tuvo que encarar la violencia asesina de frente, con el caso de los clérigos secuestrados y ejecutados en Poza Rica este lunes. Y en una macabra ironía, con todo el sello de la casa, también les tocó ser criminalizados como primer “línea de investigación” de las autoridades ministeriales, que han hecho lo mismo en ocasiones anteriores con periodistas, con jóvenes. Con cualquiera.

Por ello no es gratuito que en muchas ciudades veracruzanas sus habitantes se estén armando y organizando para defenderse por su propia cuenta, ya que no hay autoridad a la cual acudir a solicitar auxilio. La nunca deseable justicia por mano propia se alza, por principio de cuentas, como una última y desesperada opción para sobrevivir en un escenario que cada día se descompone más, sin que nadie tome cartas realmente en el asunto.

La petición del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares de que las fuerzas federales tomen por completo el control de la seguridad en el estado tampoco parece una solución. Experiencias como la de Michoacán, donde simplemente hubo cambio de bandos al mando de la criminalidad cuando la Federación tomó las tareas policiales, así lo demuestran.

Y lo más preocupante, lo que más eriza la piel, lo peor de todo, es que todavía le quedan 70 días a este infame gobierno. ¡Qué manera de destrozar un estado!

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