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Ciudad de México- 2016-10-0110:38:36- La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI consideró al menos 14 conductas negativas que se imputan al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a otros cinco militantes para suspenderles sus derechos político-partidistas.

Entre ellas, la Comisión puso sobre la mesa la existencia de un “clima de violencia” en contra de los periodistas en Veracruz, que ha tenido como consecuencia el homicidio, secuestro, desaparición y desplazamiento a otras entidades de quienes se dedican a ejercer este oficio.

Según consta en el expediente, esta instancia valoró, además, que los militantes suspendidos de sus derechos son acusados de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o función, como desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

“Existencia de un contexto violento en el estado en el que hay desaparición de personas; falta de pago a la Universidad Veracruzana; adeudos con distintas dependencias y órganos; participación en la creación de empresas fantasma y celebración de adjudicaciones y contratos con ellas; donación de bienes inmuebles propiedad del estado de Veracruz para pagar deudas; amenazas a alcaldes y diputados locales para aprobar iniciativas en materia de corrupción, o bien, para manifestarse a favor del gobierno del estado; aumento desproporcionado e irracional de la deuda pública”, son algunos de los hechos que se imputaron a los priistas denunciados y por los que le fueron suspendidos sus derechos.

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“De no estimarlo así, la imagen del partido tendría una nueva afectación por la ausencia de reproche, disciplina y sanción ante la conducta indiciariamente desplegada por Javier Duarte de Ochoa, Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez”, estableció la comisión.

Añadió que de no tomar la medida de suspender derechos como militantes, se podría dar la posibilidad de que los implicados se presenten de nuevo a nombre del PRI en comicios, exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Con ello, la comisión estableció que se sentó la base para evitar que se siga lesionando la estabilidad del partido, que se ponga en riesgo su existencia o identidad, entre otros.

Los hechos imputados fueron considerados “muy graves”, por lo que se procedió a la suspensión de derechos de militantes.

“Para salvaguardar a futuro la unidad, el prestigio, la representatividad y el patrimonio del Partido Revolucionario Institucional, por lo que la adopción de la medida cautelar es idónea, razonable y proporcional”, dice el expediente.

Agencias/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO