Crónicas Urgentes
Por Lenin Torres Antonio
04 de octubre de 2016

Es recurrente destacar que la defensa de  los ciudadanos frente a las negligencias, errores o abusos en que puedan caer las diversas administraciones del estado, es un tema poco abordado y siempre pendiente.

Los principios básicos de acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad son los ejes esenciales, en torno a los cuales gira el desarrollo de las funciones policíacas, derivado a su vez, de principios constitucionales más generales, como el de legalidad o conciliación al ordenamiento jurídico, o de características estructurales, como los principios de jerarquía y subordinación, que no eliminan el respeto al principio de responsabilidad por los actos que lleven a cabo en la convivencia entre la sociedad y los funcionarios policíacos, que forman la razón de ser de éstos y es determinante el éxito o fracaso de sus acciones, las cuales ponen en evidencia una serie de principios; por un lado, manifiesta la relación directa del servicio de la policía respecto a la sociedad, y por otra parte, como emanación de las garantías individuales de cada ciudadano, exigiendo la neutralidad política, la imparcialidad y evitando las actuación arbitraria o discriminatoria por encima de otra finalidad.

La ley pretende ser el inicio de una nueva etapa en la que destaque la consideración de la policía como un servicio público dirigido a la protección de la sociedad en su conjunto, mediante la defensa del ordenamiento democrático.

En este contexto, la correcta aplicación del marco legal que rige las fuerzas y cuerpos de seguridad conlleva a determinar su misión principal, relacionada a la protección de la libertad de ejercitar sus derechos en el marco de nuestra Constitución.

Dentro de la administración pública del Estado de Veracruz, uno de los principales problemas es el problema del abuso de poder que hacen los cuerpos policíacos estatales y municipales, los más preocupantes con relación a la integridad física y la libertad de las personas, son los maltratos físicos leves, hasta distintos casos de torturas. En el primer supuesto y situaciones de privación ilegal de la libertad en el segundo.

El abuso de poder de las fuerzas y cuerpos de seguridad pública, es un problema que contradice a una de las principales funciones del Estado, que es garantizar seguridad pública a sus ciudadanos y ciudadanas, ya que esto atenta contra los derechos humanos, esencia fundamental del Estado de derecho moderno.

El problema del abuso de poder de las fuerzas y cuerpos de seguridad pública, evidencian una paradoja, pues quienes tienen en su obligatoriedad y función el de garantizar seguridad pública, son en muchos casos, los que violentan el Estado de derecho. Por eso se hace urgente implementar programas de contención del abuso de poder para que se busque no tan sólo afuera (en la sociedad: previniéndola, readaptándola, y hasta haciéndola que se vigile -vecino vigilante-) las soluciones al problema de la seguridad pública, sino desde dentro del Estado la garantía de la seguridad pública, desde y en los encargados de velar por ella.

Hoy día, se hace necesario recuperar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas y cuerpos de seguridad pública, y no sólo como una cuestión de paz y tranquilidad, sino también porque se requiere ese “recobrar la confianza” como una base para la gobernabilidad y certidumbre en el ejercicio de gobierno.

Proyectar un programa gubernamental sobre la contención del abuso de poder en las fuerzas y cuerpos de seguridad pública, y éste programa desarrollará los siguientes ejes:

  • Diagnosticar y proponer soluciones a los problemas del abuso de poder en los cuerpos de seguridad pública, con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en los mismos.

  • Caracterización de los abusos policíacos.

  • Buscar los factores determinantes del abuso policíaco.

  • Señalar la preponderancia hipotética que los distintos factores tienen para cada categoría de la clasificación del abuso policiaco físico y de la privación de la libertad.

  • Plantear las posibles líneas de investigación para avanzar en una mejor comprensión del fenómeno del abuso de poder.

  • Optimizar la formación y capacitación policial brindadas por las propias instancias de seguridad del Estado.

  • Proponer criterios para optimizar las formas y mecanismos para el reclutamiento del personal policiaco, dado la observancia que predomina de bajas requerimientos en sus capacidades, antecedentes y grupos de pertenencia que posibilitan el reclutamiento de miembros que están por debajo de la responsabilidad que les son asignadas.

Obviamente el fenómeno del abuso del poder está supeditado hoy en día, al fenómeno de la violencia, que no sitúa en el determinante que pareciera que la única manera que el Estado puede garantizar esa función de garante de la seguridad tiene que ver con menoscabar nuestras libertades, haciéndonos aceptar una paradoja que a más seguridad menos libertad, y a más libertad menos seguridad, trasgrediendo la propia garantía que nos da nuestro marco de derecho que sostiene que se vive en un país libre, donde el ciudadano puede gozar de ese derecho, y que corresponde al Estado, con su condición de ser el único que puede ejercer la violencia, garantizar la seguridad a sus ciudadanos sin el menoscabo de sus libertades, y su presunción de inocencia. No podemos aceptar vivir en un Estado Policial, donde el límite de lo permitido esté en el criterio de los cuerpos de seguridad del Estado.

Está ese reto de armonizar libertad con seguridad, y profesionalizar a los cuerpos de seguridad, que juntamente con todos los responsables de la dirección de una sociedad, garanticen dentro de un marco de tolerancia y libertades la tranquilidad de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Erradicando de esa forma el abuso del poder de los cuerpos de seguridad pública.