Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

Xalapa- 2016-10-0911:03:10- Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), hasta 2015 el gobierno del Estado ha accedido a un total de 17 créditos, por un monto de 29 mil 626 millones de pesos.

Así, según las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado de Veracruz, las obligaciones a cargo del Gobierno Estatal ascienden a un total de 42 mil 201.9 millones de pesos por concepto de deuda pública directa y emisiones bursátiles.

Los datos de ese ejercicio alertan que no existe certeza sobre cómo se invirtieron dos de los tres últimos contratos que elaboró el gobierno de Javier Duarte.

Uno de los prestamos derivó de la reestructuración de la deuda pública de 2015, por un monto de 4 mil 798 millones de pesos.

El otro fue un crédito simple por mil 338 millones de pesos, al que se accedió gracias al aval de la Legislatura para que el Ejecutivo pueda contraer un endeudamiento hasta por un monto equivalente al 5 por ciento de sus ingresos ordinarios.

Así, según el Orfis a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, no se tiene certeza de cómo se invirtieron 6 mil 136 millones de pesos en el año 2015.

El informe establece que en 2015 el Gobierno Estatal celebró tres contratos en total, que ascienden a un importe de 11 mil 052.7 millones de pesos.

Detalla que para la reestructuración de la deuda pública, el año pasado el actual gobierno estatal accedió a un tercer crédito de 5 mil millones de pesos.

En este contrato, el órgano fiscalizador identificó que el dinero sí se utilizó para el pago parcial al crédito simple de fecha 4 de julio de 2012, contratado con Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Inbursa, con número de registro ante la SHCP P30-0712099, por 5 mil 500 millones de pesos, constituyendo un fondo de reserva.

Por esta razón, ante la incertidumbre de cómo se utilizaron más de 6 mil millones de pesos, el Orfis recomendó a la Contraloría General del Estado, dar seguimiento a los contratos de deuda pública que celebre el Estado y, en su caso, sustanciar el procedimiento disciplinario administrativo correspondiente.