Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez
24 de octubre de 2016

*PGR soslayó el arraigo
*Urge asegurarle bienes

JAVIER DUARTE de Ochoa no aparece por ninguna parte, y aunque las autoridades Federales rechazan la versión, lo cierto es que existen evidencias para presumir que fue ayudado a escabullirse, sobre todo por la magnitud de los presuntos delitos que le acreditan. No se trata de acusaciones comunes, sino denuncias por “delincuencia organizada”, para lo cual existen leyes que facultan a las instancias de procuración de justicia a implementar mecanismos que impidan que un personaje –como el Gobernador con licencia- puedan evadir la acción de la justicia, salvo que cuente con la benevolencia de una “negociación subrepticia” que le permitiera “poner tierra de por medio” antes de que la lumbre le llegara a los aparejos como parece ser el caso.

Y ES que más allá de simples declaraciones y algunos cateos –en la Ciudad de México-, no se sabe que la Procuraduría General de la República –a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada- u otras instancias facultadas, hayan apelado a los mecanismos que les confiere la ley, entre otros, los contenidos en el Artículo 12 –del capítulo cuarto referente al arraigo- que enfatiza: “El Juez de control podrá decretar el arraigo, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, tratándose de los delitos previstos en esta Ley, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas, de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia (como ocurrió con Javier Duarte)”.

Y ES que si el Gobernador con licencia ya era investigado por “delincuencia organizada”, como señala la PGR, la dependencia debió solicitar a un juez el arraigo (o retención) del imputado inmediatamente después de solicitar licencia al cargo, más ahora que defiende la tesis de que al hacerlo, Duarte de Ochoa perdió automáticamente la protección del fuero constitucional. Y es que al no haber demandado el arraigo del priista, la PGR se coloca en un escenario de complicidad, porque se permitió –pese a contar con el mecanismo para retenerlo legalmente- que el, ahora, prófugo se diera la fuga.

SI BIEN el arraigo no podrá exceder de cuarenta días, y se realizará con la vigilancia del Ministerio Público de la Federación y la Policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación, lo cierto es que éste puede prolongarse siempre y cuando el MP acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que su duración total exceda de ochenta días, tiempo suficiente para cuadrar la denuncia que permitiera llevar a prisión a Duarte, pero no se hizo, y ello despierta sospechas.

TAMPOCO, QUE se sepa, la PGR ha apelado al artículo 37 de la Ley contra Delincuencia organizada que establece: “Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un integrante de la delincuencia organizada –como ya ha sucedido con Duarte de Ochoa-, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine”. En suma, no hay un ofrecimiento de recompensa para localizar al “prófugo”, lo que podría facilitar su localización.

Y SI todo lo anterior hace suponer que Javier Duarte cuenta con cierta protección de Justicia Federal para “no ser encontrado”, otros indicios corroboran la tesis. En el capítulo séptimo referente al aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso, el artículo 29 determina: “Cuando existan indicios razonables, que hagan presumir fundadamente que una persona forma parte de la delincuencia organizada, además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público de la Federación podrá dictar el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso ordenará el levantamiento de la medida”, mientras que el artículo 30 cita, contundente: “Cuando existan indicios razonables, que permitan establecer que hay bienes que son propiedad de un sujeto que forme parte de la delincuencia organizada, o de que éste se conduce como su dueño, además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público de la Federación, bajo su responsabilidad, fundando y motivando su proceder, podrá asegurarlos. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento de inmediato y hacer la entrega de los mismos a quien proceda”.

NADA, ABSOLUTAMENTE, nada de eso se ha realizado pese a estar previsto en la ley, y en Veracruz, en la Ciudad de México y otras Entidades, así como en el extranjero, existen bienes cuya propiedad es acreditable a Javier Duarte mediante prestanombres, y que son los motivos que dieron pauta a la investigación y consecuente orden de arresto. No, que se sepa, han sido aseguradas propiedades que al menos en el puerto y Xalapa se cuentan por montones, como tampoco se han congelado cuentas bancarias del inculpado lo que, insistimos, huele a protección subrepticia.

Ignoramos, por otra parte, si ya están aplicando el artículo 16 que faculta al Ministerio Público de la Federación a intervenir líneas telefónicas o de comunicaciones privadas al inculpado, ya que ello permitiría localizarlo, pues la experiencia dicta que, incluso, grandes capos como Pablo Escobar Gaviria y otros muchos fueron capturados al ser interceptadas sus móviles.

ALGUIEN DIRÁ que en este espacio se está haciendo “leña del árbol caído”, sin embargo, lo cierto es que Javier Duarte y todos los corruptos que se beneficiaron del erario público deben pagar sus culpas, ya que Veracruz se encuentra postrado en lo económico, atemorizado por la inseguridad solapada, y agraviado por tantos crímenes y desapariciones forzadas ocurridas por la inoperancia o negligencia de quien ahora es perseguido. Duarte y compañía deben pagar, y el Estado debe sentar un precedente para que nunca vuelva a ocurrir un hecho similar para salud de los gobernados. OPINA carjesus30@nullhotmail.com