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Durante un gran tramo, casi todo, del periodo de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, los órganos de Control y Fiscalización caminaron acompasados por órdenes “superiores” de tal manera que nada detectaron de lo que ahora se ha venido descubriendo: empresas fantasmas de las que la Contraloría jamás se ocupó, Cuentas Públicas que nada irregular contenían, salvo correcciones administrativas señaladas por el Orfis, avaladas por la mayoría priista en el Congreso y una Comisión de Vigilancia en completa sintonía. Todo ese compendio debe ser revisado por la próxima Legislatura, son hechos consumados que pudieran configurar delitos y que la transparencia obliga a una detallada investigación.