Por si acaso…
Por Calros Jesús Rodríguez
28 de octubre de 2016

*Amenaza sin sustento a FRA
*Electo carece de facultades

 

LA PACIENCIA no ha sido, precisamente, una virtud que se le dé al gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares, y en ese sentido, dos hechos recientes desnudan su carácter exasperado y caprichoso ante asuntos que merecerían toda su imperturbabilidad, sobre todo porque ya tiene la Gubernatura en el bolsillo, y sería cuestión de tiempo para que, una vez montado en el poder, despliegue indagaciones y proyectos a fin de concretar ofrecimientos a la sociedad, aunque, tal parece que el oriundo de Soledad de Doblado más que un lector de Jean de La Fontaine, el afamado escritor de cuentos y novelas inspiradas por Ariosto, Boccaccio, François Rabelais y Margarita de Navarra, y quien solía decir que “la paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia”, es más bien un seguidor del ex presidente Vicente Fox y su mentecata expresión del “hoy, hoy, hoy”, aunque la ley no le faculte para ello.

Y ES que llama la atención la advertencia (o amenaza velada) que Yunes Linares hace al gobernador Flavino Ríos Alvarado de que a partir del 31 de este mes, o séase, el próximo lunes, iniciará auditorías en todas las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, y no sólo eso: alerta que “la negativa a proporcionar información a los auditores que designaré formalmente, será una clara violación a las disposiciones legales y tendrá consecuencias jurídicas”.

Y ES que Yunes, aunque sea Gobernador Electo, no pasa de ser un ciudadano común hasta en tanto asuma el poder. En estos momentos, le guste o no, carece de facultades jurídicas para ordenarle al Gobernador en funciones cuya gestión concluye el último minuto de noviembre. Ríos Alvarado, por lo tanto, se encuentra envestido por el mandato que le confirió el Congreso del Estado –integrado por los representantes del pueblo-, mientras que Miguel Ángel aún no rinde protesta y, en consecuencia, carece de facultades legales para ordenar auditorías a instancias oficiales, cuando éstas cuentan con mecanismos internos para realizarlas.

PERO EL oriundo de Soledad dice que el asunto de las indagaciones administrativas que ordenará a partir del inicio de la próxima semana “es una decisión que he tomado en mi calidad de mandatario electo, con base en lo dispuesto por los artículos 108 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, aunque dichos ordenamientos en ningún momento le facultan para instruir o realizar auditorías al Estado.

EL ARTÍCULO 108 –inherente a las responsabilidades de los servidores públicos-, señala en concreto: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del poder judicial federal y del poder judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública Federal o en el distrito Federal, así como a los servidores del instituto federal electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los gobernadores de los Estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Las constituciones de los estados de la república precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios”, y hasta ahí la norma que no obliga, para nada, a Ríos Alvarado a entregarle información a Yunes Linares, salvo la que establece la entrega-recepción.

PERO SI se trata del 134, éste, tampoco, lo faculta para llevar a cabo auditorías, ni tampoco para amenazar a Flavino Ríos que de “no proporcionar información a los auditores” que designará le traerá consecuencias. El ordenamiento dice: “Los recursos económicos de que dispongan el gobierno Federal y el gobierno del distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Y AGREGA: “Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado. El manejo de recursos económicos federales se sujetará a las bases de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de esta Constitución”.

SIN DUDA, Miguel Ángel Linares ya desea gobernar, pero debe esperar sus tiempos. Aún faltan 34 días para que termine el Gobierno interino de Flavino Ríos, y no tiene caso mostrar el cobre con amenazas que no son propias de un Estadista –como debería comportarse el Gobernador Electo-, quien acaso no ha entendido que por la amenaza vertida contra el presidente Enrique Peña Nieto, de que tenía información que haría cimbrar al País a partir del primero de diciembre, es por lo que el Mandatario Nacional se niega a recibirlo. Así las cosas. OPINA carjesus30@nullhotmail.com