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El lavado de dinero y la evasión fiscal son delitos en los que incurren con singular frecuencia funcionarios de la administración pública y se hacen acreedores a las penas correspondientes; se le atribuyen a Rodrigo Medina, de Nuevo León y a Guillermo Padrés, de Sonora, al igual que a Andrés Garnier en Tabasco. Los dos primeros entregaron el poder hace más de un año y ambos tienen ya algunos meses de ser huéspedes cotidianos en la nota roja de sus respectivas entidades, pero al de Sonora le llega ya la lumbre a los aparejos luego de solicitar innumerables amparos para no ser detenido y un juez le negó la suspensión definitiva contra ordenes de investigación o detención. Colateralmente a varios ex funcionarios del gobierno de Padrés han incautado sus bienes y se encuentran prófugos de la justicia. Esa es una fotografía de orden penal que ronda en Quintana Roo, en Veracruz, en Sonora y en Nuevo León.