minera

Xalapa- 2016-10-0311:19:12- RosalindaMorales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

Detrás de la masacre en Alto Lucero, hace aproximadamente un mes y días, podría estar gente de la Minera Caballo Blanco, a la que Semarnat suspendió permisos para instalar una mira extractora de oro en 2013, toda vez que pobladores denunciaron hostigamiento previo a los hechos que ninguna autoridad de seguridad investigó. Incluso la Fiscalía General del Estado no ha ido a investigar para esclarecer los hechos, señaló el ambientalista Guillermo Curiel, de La Vida.

Acusó que la ONU tiene documentado que, previo a instalación de mineras en países de América, hay hostigamiento y violencia contra pobladores, con miras a que se dé un desplazamiento y las tierras queden solas a merced de los explotadores de oro.

En el portal de la Semarnat desde 2013 está frenado el proyecto minero Caballo Blanco, reaparece en la localidad días previos a la masacre, una empresa llamada “Gavilán”, subsidiaria de la CORP, y trata “de reanimar este proyecto con el nombre del Cobre, lo que hicieron fue bajarlo 200 metros de la montaña”, para ubicarlo justo en la frontera de Actopan y Alto Lucero, desde hace tres años, narró, “esta zona se ha visto inmersa en una ola de violencia, malandros que la sociedad permanentemente estuvo denunciando”.

El gobierno de Javier Duarte no hizo caso; sin embargo, el 19 de agosto llegaron 15 camionetas cada una con sujetos armados y levantaron a ciudadanos de un lugar llamado El Embarcadero, luego fueron al Ojital y al Limón, donde levantaron personas y ocho familias resultaron acribilladas. La población pidieron al gobierno estatal, federal, La Marina, y nadie pudo atrapar a estas 15 camionetas.

“Se avisó con oportunidad que estaban los malandros, nosotros encontramos relación, este parámetro de violencia lo hemos visto en todos lados, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, tan pronto las empresas mineras comienzan a hacer trabajos de exploración, surgen brotes de violencia, pero no lo digo yo, incluso el reporte último de la ONU que tiene que ver con defensa de Derechos Humanos, señala que cuando aparece la mina, aparece los barruptos de violencia, entonces no es gratuito ni es casual”.

Guillermo Curiel señaló que hoy en la comunidad denominada El Embacadero viven “un burro y un mozo”, señaló. Ante esta situación los ambientalistas creen que la violencia generada por desconocidos, provoca un desplazamiento de los habitantes, “y si ya no está la gente que vivía ahí, quiénes van a proteger esa zona, quién mira cuando entran los mineros, quién mira cuando se realice la exploración”.

Expuso que a juicio de los ambientalistas la violencia tiene como objetivo “provocar el éxodo de las familias y so no están estas familias, que huyen, ya nadie cuida ese territorio”, precisó.

Sobre la investigación de la FGE, opinó que no hay avances, refirió que al día siguiente de la masacre de Alto Lucero, “el gobernador se presentó con el secretario de Seguridad Pública diciendo que habían atrapado a siete malandros, sin nombres y una sola fotografía, al momento ha pasado un mes y nadie sabe quiénes son esos siete, ni los motivos que dieron para cometer esos hechos violentos.

No han llamado a nadie de la zona a hacer ni una sola declaración”, aseveró. Ni una sola investigación, ni una sola huella han levantado los ministeriales de la FGE en la zona de los hechos violentos. “Nada, nada, y ahí justamente tenemos una resistencia fuerte en contra de la Minera El Cobre, lo que estoy diciendo es lo que nos consta”.

Por ello resumen que hay omisión de la FGE y no está haciendo su trabajo “la FGE está rebasada, no puede con las cifras de desaparecidos, con las fosas clandestinas, con la gran cantidad de secuestros todos los días, es una verguenza que en Veracruz estemos en la prensa nacional, en la nota roja por secuestros, encostalados, mutilados, hay una gran omisión de la FGE, no tienen el personal para hacer esas tareas”, puntualizó.