Por si acaso…
Por  Carlos Jesús Rodríguez
11 de octubre de 2016

*Edgar-Benítez: cómplices
*Despidos injustificados

CUANDO SÓLO faltan 51 días para que finalice el “fallido” Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, sigue brotando “claoca” de los desagües oficiales, y las irregularidades que antaño encubría el Órgano de Fiscalización Superior, cómplice de la moribunda Administración Estatal, emergen como una maldición que habrá de heredar Miguel Ángel Yunes Linares, quien a estas alturas debe estar arrepentido de ser el Gobernador Electo por tres causas: 1.-Gobernará sin dinero y con un adeudo que rebasa los 125 mil millones de pesos, mientras que los compromisos que deberá saldar en materia de intereses terminarán por ahogarlo; 2.-Se enfrentará a un Estado contaminado por la delincuencia que ha penetrado a ciertas instancias policiacas e, incluso, a funcionarios –como bien lo denunció el propio Yunes recientemente-, y 3.-Estará presionado por un PRD que si no le da las posiciones que demanda, se convertirá en su peor enemigo, pues a los perredistas –al menos a los de Veracruz-, contrario a lo que dicen en el discurso, no les interesa el bien común sino los propios.

Y ES que en materia económica brotan a diario secreciones de un mal que inició hace 12 años, y que se agudizó en los últimos 6, y bastan algunos botones de muestra. Según la Cuenta Pública 2015, en la Secretaría de Educación de Veracruz se tiene un grave desorden administrativo y financiero, concretamente, en el periodo correspondiente al, ahora, diputado Federal, Adolfo Mota Hernández, en el que auditores encontraron graves irregularidades en materia laboral, financiera, contable y bancaria, además de una falta de castigo a servidores públicos responsables (entre otros, Edgar Spinoso Carrera y Vicente Benírez, el primero Legislador Federal y, el segundo, Diputado Local Electo), a quienes se les ha detectado riquezas que no corresponden a la medianía de sus salarios.

LO CURIOSO es que a pesar del cúmulo de anomalías por muchos millones de pesos, el Orfis sólo encontró “la existencia de responsabilidad resarcitoria por un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal de 7 millones 232 mil 709 pesos”, además de que la dependencia tiene laudos laborales vigentes al 31 de Diciembre de 2015 por un monto estimado en 13 millones 893 mil pesos originados en su mayoría por el despido injustificado de servidores públicos, ya que no tenía (Mota) la facultad para removerlos (aunque se sabe que a muchos profesores y personal administrativo los cesaron y durante dos años “alguien” siguió cobrando sus respectivos salarios, algo que es motivo de otras denuncias).

EN LOS despidos injustificados se encontró que no había evidencia de que la SEV hubiese iniciado un procedimiento de investigación por posible comisión de irregularidades administrativas susceptibles de ser sancionadas y reparado el posible daño patrimonial causado y, en su caso, la incoación del procedimiento disciplinario administrativo y la denuncia penal correspondiente. Por ello, se determinó que no se dio el cumplimiento oportuno de la reinstalación y/o pago de condena de prestaciones de juicios, lo que ocasionó el aumento de obligaciones en perjuicio del erario por varios millones de pesos. También se detectaron expedientes civiles y mercantiles sin atender por 39 millones de pesos, y se observó que existen obligaciones que no han sido atendidas, es decir, pagos a empresas por 44 millones 663 mil pesos.

LA SEV –de Adolfo Mota, quien está siendo investigado por la PGR- presenta, al cierre del ejercicio fiscal 2015, un saldo de cero pesos en la partida de efectivo y equivalentes, sin embargo, se observa en la Balanza de Comprobación en el apartado de Cuentas de Orden registradas: “Cuentas Bancarias Internas–Diversas Dependencias” por un importe total de 47 millones 849 mil 655.14 pesos. La Secretaría no presentó evidencia de tener identificadas las cuentas que maneja por fuente de financiamiento, y no mostró contratos de 89 cuentas bancarias que tiene registradas contablemente; además, los 5 contratos de las cuentas bancarias proporcionados no se han actualizado, ya que los apoderados legales son exfuncionarios.

OTROS DATOS que muestran el terrible desorden financiero en la SEV –de Adolfo Mota- son las conciliaciones bancarias proporcionadas por la Secretaría, donde se determinaron 479 cheques en circulación en 12 cuentas bancarias por un importe total de 3 millones de pesos con antigüedad superior a 30 días; no se mostró documentación, soporte de los registros realizados por un importe de 152 millones en la cuenta “Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores”, y tampoco presentó documentos justificativos y comprobatorios que amparan la liberación de 8 mil millones de pesos del capítulo 1000 “Servicios Personales”. Además, derivado de la revisión del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se observó que no acumuló la totalidad de las erogaciones por concepto de Servicios Personales que fueron pagadas a sus trabajadores, por lo que se dejó de pagar la cantidad de 928 millones de pesos, y finalmente el pago de forma extemporánea de aportaciones de Seguridad Social, lo que generó recargos y actualizaciones por 7 millones 232 mil pesos.

ADOLFO MOTA, quien se apresuró a buscar la protección del fuero constitucional, deberá, por lo tanto, explicar las severas anomalías que hereda en una Secretaría que a la fecha no tiene recursos para atender la demanda de infinidad de sindicatos a los que prometía y daba recursos si sus integrantes votaban por el PRI, como sucedió en su caso y en el de Vicente Benítez al repartir beneficios a los electores con cargo a la SEV.

LAS ANOMALÍAS ahí están, pero Mota Hernández cuenta con fuero constitucional, y acaso ese, como otros presuntos delitos en los que existen evidencias concluyentes contra quienes detentaron el poder en dependencias saqueadas, queden en anécdotas pues, hasta donde se sabe, no hay voluntad política de la Federación para actuar. El jueves comparece el gobernador Javier Duarte de Ochoa ante la Comisión de Honor y Justicia del PRI Nacional, y lo más seguro es que al concluir su presentación lo despidan con un “usted disculpe, señor Gobernador”. Así de simple. OPINA carjesus30@nullhotmail.com