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Xalapa – 2016-10-25 13:21:56 – Rosalinda Morales / El diputado local José Ramón Gutiérrez de Velasco aseguró que aunque avala el informe del Organo de Fiscalización Superior, pide aprobarlo con modificaciones porque el monto de observaciones es por el total del presupuesto del Estado.

Aunque se cayó en daño patrimonial por más de 14 mil millones de pesos. Hay observaciones por 127 mil 328 millones de pesos en promedio.

Sugirió que aunque avalan el informe del Orfis, se haga un dictamen que señale \”no aprobar la cuenta pública 2015 hasta que hayan atendido observaciones dependencias\”.

Ya que dijo, al aprobar la cuenta pública sólo serían denunciados penalmente en 10 días hábiles los funcionarios donde se corroboró el daño patrimonial.

Pero el monto de las observaciones abarca más del presupuesto asignado en 2015. Y como no entregó Sefiplan la documentación completa, sólo les resultaron observaciones de que deben entregarla.

Si se toma en cuenta de que los funcionarios estatales ya se van. José Ramón Gutiérrez advirtió que el dictamen debe modificarse y obligar a que respondan las observaciones. Así la siguiente Legislatura en base a quien atienda o no observaciones puede avalar la cuenta pública u ordenar al Orfis a denunciar a más funcionarios que no hayan demostrado dónde está el recurso que señalaron que sí ejercieron. Del cual no entregaron documentación que avale sus dichos.

Algunos ejemplos de dependencias que no resultan con daño patrimonial, pero tienen observaciones donde se les señala que no comprobaron el recurso ejercido:

Seguridad Pública, sin daño patrimonial pero debe demostrar en qué gastó 1500 millones de pesos del programa federal Prevención del Delito.

Sedarpa: Sólo sale con daño patrimonial de 283 millones de pesos. Pero no hay comprobación ni facturas, incluso hay facturas canceladas de 800 millones de pesos.

Sedema: No le resultó daño patrimonial. Pero debe entregar documentos y facturas por 1600 millones de pesos.

Ante estos montos sumamente altos, el diputado local pide aprobar este viernes un dictamen modificado de la cuenta pública, que obligue primero a secretarios, alcaldes y funcionarios a entregar documentación comprobatoria antes de aprobarles la cuenta pública y que sea la nueva administración quien herede atender esas observaciones.

NOVIEMBRE, MES DE CITATORIOS

Durante la segunda semana de noviembre, el Órgano de Fiscalización Superior estaría en condiciones de emitir los citatorios para convocar a los servidores y exservidores públicos probables responsables de onial para que comparezcan a la respectiva audiencia de ley. Esta acción se realizaría en la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015.

Oscar Ocampo Acosta, director general de Asuntos Jurídicos del ORFIS, informó que los citatorios se emitirían al día siguiente de que el decreto aprobado por los diputados al Congreso del Estado se publique en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado. “A los funcionarios y exfuncionarios los convocamos para una audiencia de pruebas y alegatos, pero básicamente es para otorgarles la garantía de audiencia a la que tiene derecho todo procesado; para efectos de celebrar esta audiencia nos remitimos al artículo 251 del Código de Procedimientos Administrativos que indica que entre la fecha de citación y la respectiva audiencia de ley debe mediar un plazo de no menos de 10 días ni mayor a 15 días”, dijo.

El funcionario refirió que el ORFIS tiene la capacidad de desarrollar hasta 10 audiencias al día y que por ello se estima que el calendario de audiencias se estaría desahogando a fines de noviembre para concluirlas durante la primera o segunda semana de diciembre.

Durante su participación en el programa “De acceso público” que se transmite en el portal digital del ORFIS, el entrevistado precisó que la garantía de audiencia consiste en que los funcionarios y exfuncionarios entreguen documentación para tratar de justificar las observaciones y que asimismo, es la oportunidad de defensa que tienen los servidores públicos. Recordó que en ese sentido, la ley prevé que previo a la audiencia, el servidor público debe de tener la oportunidad de recabar el material probatorio y que por ello se les dan entre 10 y 15 días para recabar e material probatorio y puedan solventar las observaciones que se presuman como daño patrimonial.

“La información que se recaba y conforma un procedimiento de esta naturaleza es de carácter reservado. La Ley de Transparencia nos limita dar a conocer datos específicos de los servidores públicos que están sujetos a un procedimiento: debemos de abstenernos de revelar nombres de los probables responsables en tanto el procedimiento no cause definitividad”, señaló.

Oscar Ocampo Acosta informó que una vez que se desahoga la audicencia, se procede a analizar todo el material probatorio y se tiene un término de 45 días hábiles para emitir la resolución respectiva. “En este caso puede ser determinando que existe daño patrimonial por no haber sido suficientes las pruebas para solventar la observación y otra es determinando que no hay responsabilidad porque el material probatorio que nos aportaron solventó la aportación determinada. También puede suceder que si el daño patrimonial fue, por ejemplo, de mil pesos, pero se aporta material probatorio para solventar 700, entonces se tiene que hacer el reintegro de los 300 pesos restantes y en caso de existir negativa se emite la resolución correspondiente”, comentó.

Manifestó que a principios de febrero de 2017 se sabrá qué funcionarios y exfuncionarios incurrieron en daño patrimonial dado que la ley establece 45 días para determinar esa situación.