Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez
20 de octubre de 2016

*Las legislaturas inmutables
*Pese a licencia tiene fuero

SON TANTOS los que quisieran ver a Javier Duarte de Ochoa en la cárcel, que olvidan que a pesar de la licencia concedida por el Congreso del Estado, el ahora “prófugo” de la justicia cuenta con fuero constitucional, y que éste fenece hasta el último minuto de noviembre considerando que los cargos de elección popular son “irrenunciables”. Duarte de Ochoa, sin embargo, podría ser “capturado” si la Cámara Federal de Diputados le inicia un “juicio de procedencia” para retirarle la protección que le dispensa la Constitución -si los delitos de que lo acusan son de carácter Federal-, o si el Congreso del Estado procede a su desafuero -si los ilícitos se engloban dentro del fuero común-.

LO CURIOSO es que ni la cámara baja del Congreso Federal ni la legislatura Estatal han movido un solo dedo para iniciar el juicio de procedencia o desafuero contra Duarte, lo que indica que algo se debe estar “maquilando” para protegerlo, al igual que le dieron tiempo para escapar tras anunciar en la televisión que pediría licencia. Porque resulta inexplicable que si un juez de control ya emitió a la Procuraduría General de la República la orden de arresto correspondiente, ¿Por qué, entonces, la pasividad de los diputados Federales y Locales para retirarle el fuero, de tal suerte que ni siquiera con un amparo pueda librar la aprehensión?

DICE LA Carta Magna que el fuero es un sistema de protección que se contempla en la Constitución General de la República a efecto de que los servidores públicos no se vean obstaculizados en el ejercicio de sus respectivas funciones, pero explica claramente que ese privilegio protege la función pública que se encomienda y no a quien la desempeña, es decir, esta figura jurídica resguarda a la función pública que se desarrolla al amparo de éste y no a la persona que lo ejerce.

SIN EMBARGO, en el año 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió Tesis de Jurisprudencia en el sentido de que cuando un servidor público con fuero solicitara licencia, éste aún tenía la protección constitucional que lo hacía inmune ante la justicia. En contraste, el artículo 112 de la Constitución establece en su párrafo primero que no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 “cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo” (¿y acaso evadir la acción de la justicia mediante fuga premeditada no es un ilícito?).

AL RESPECTO, el ex diputado Federal, Obdulio Ávila Mayo, del PAN, presentó en 2008 ante la LX Legislatura una serie de precisiones respecto de la interpretación que se le ha otorgado a la figura del fuero, en la que señala que regirnos con lo dictado en la jurisprudencia, estaríamos aceptando, erróneamente, que el fuero protege al servidor público y no a la función pública, y esto último trae aparejada la equivocada interpretación de que durante el tiempo en que el servidor público se encuentre separado en su encargo, aquél conserva la protección constitucional del fuero, lo que implicaría la existencia de dos fueros protegiendo la misma función pública, es decir, el fuero del servidor público separado en su encargo, bajo licencia, y de quien durante ese tiempo lo sustituya.

EL SUPUESTO supra -‘sobre’, ‘por encima de’ o ‘más allá de’- comentado a la luz de una interpretación lógico jurídica, es importante debido a la propia naturaleza del fuero, ya que la finalidad del mismo no estriba en proteger a la persona del funcionario sino a las instituciones democráticas y, específicamente, a la función pública que se desarrolla. Es así que el artículo 111 constitucional señala que los altos funcionarios federales como el Presidente de la República, Senadores, Diputados, Ministros de la Suprema Corte, Secretarios de Estado y el Procurador General de la República, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los Diputados a la Asamblea Legislativa, así como Gobernadores, gozan del fuero constitucional.

Y ES que el 111 Constitucional es claro cuando señala: “Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

“SI LA Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”, y agrega: “Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, y rubrica: “Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados o Senadores son inatacables”. En fin, alguien sigue protegiendo a Duarte ya que las legislaturas Federal y Local, siguen como si nada ocurriera, cuando ya deberían haber iniciado juicios de procedencia y desafuero…OPINA carjesus30@nullhotmail.com