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Gracias a la evolución política de México, poco a poco se ha venido construyendo el andamiaje que permitirá culminar una efectiva estrategia contra la corrupción, para alcanzarla se ha legislado crear el Sistema Nacional Anticorrupción integrado por siete órganos públicos: la Función Pública, que sustituyó a la Contraloría, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y la sociedad civil. Lo que dará fortaleza a estos elementos será su autonomía, siempre y cuando la partidocracia, las negociaciones políticas no encuentren la manera de cooptar a sus titulares, como ocurre en Veracruz, por ejemplo, en donde el Orfis se ha puesto a disposición del gobernador y la Contraloría carece de la autonomía necesaria para operar eficientemente y no como cómplice del gobierno como hasta ahora lo ha hecho.