Palabras claras

23 de noviembre de 2016

Por José Antonio Flores Vargas

“A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, es una máxima de la política mexicana, atribuida a don Benito Juárez, el ilustre oaxaqueño que llegó a ser presidente de la república.

La conocida sentencia parece regir la relación entre el gobierno federal y el ahora gobernador prófugo, Javier Duarte de Ochoa. O cuando menos, así lo cree el grueso de la población veracruzana. Veamos porqué.

La Procuraduría General de la República (PGR) giró orden de aprehensión en su contra por diversos ilícitos, apenas hace algunas semanas. El gobierno que encabezó Duarte, ha sido acusado en forma tardía por instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Desde hace varios años, los veracruzanos han convivido con la idea de que el actual régimen de gobierno estatal, fue rebasado por la corrupción. A las denuncias mediáticas iniciales de parte de observadores críticos y funcionarios que prefirieron retirarse, se sumó la acusación de Fernando Yunes Márquez, uno de sus tres senadores, en la tribuna de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, a principios de 2014.

Los indicios de corrupción en Veracruz, fueron conocidos siempre por la ASF. Lo demuestra la existencia de una minuta en la que participaron Jesús Tristán Torres y Humberto Almaguer Arredondo, dos altos funcionarios de ese ente fiscalizador, elaborada en Xalapa con fecha 7 de marzo de 2014 y firmada también por Fernando Charleston, Mauricio Audirac y Lorenzo Antonio Portilla, quienes en ese tiempo ocupaban los cargos de Secretario de Finanzas y Planeación, Contralor General y Auditor General del Estado.

En esa minuta, se instruyó el reintegro a las cuentas respectivas, de recursos económicos por un monto de 4 mil 770.2 millones de pesos de origen federal, correspondientes a varios ejercicios fiscales.

Ante la falta de cumplimiento de lo acordado en dicha minuta, la ASF envió un oficio al nuevo Contralor General, Ricardo García Guzmán, 45 días después de su arribo a esa dependencia, dando un plazo de 5 días para atender los compromisos contraídos, informándole que de no hacerlo, iniciarían las acciones legales correspondientes.

El evidente incumplimiento de los compromisos de devolución de esos recursos, presumiblemente desviados a fines no reglamentados, que alude la minuta referida, así como la acumulación de otros fondos federales sin comprobar, deben haber motivado la denuncia ante la PGR que el titular de la ASF presentó en enero de 2016, reclamando un monto de 35 mil millones de pesos.

Como puede verse, con respecto a la minuta mencionada, además de incumplir lo que establece la Ley, esta instancia también incumplió sus propios plazos y “aguantó lo más que pudo” al gobierno de Javier Duarte.

Por los fondos y ejercicios fiscales que incluye, la lectura de la minuta de la ASF demuestra que esta instancia pudo haber denunciado desde los primeros años del sexenio duartista. No lo hizo, por ingenuidad, por negligencia, por ser políticamente incorrecto, o porque tal vez recibieron la indicación superior de posponerlo hasta donde fuera posible.

Esta circunstancia indica que desde siempre, el caso Duarte cuenta con la más alta y suficiente protección para que el gobernante prófugo camine lo más lejos que pueda. Comprueba también que a muchos años de distancia de la presidencia de Benito Juárez, la liga de la justicia se sigue estirando para los amigos.

Y queda una duda. Es posible que las cosas fueran distintas, o no tan graves, si la ASF hubiera denunciado a tiempo.