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Redacción- 2016-11-1108:02:40- Después de ocultarse 13 meses y 25 días, el ex gobernador Guillermo Padrés Elías, surgido de las filas del PAN, reapareció públicamente para declararse inocente de las acusaciones de desvío de fondos públicos, operación de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y evasión fiscal.

“Enfrentaré esto como siempre he enfrentado los retos y las luchas políticas, porque soy un perseguido político de un sistema que quiere emparejar cartones para tratar de omitir los señalamientos de corrupción que se les imputan y pretenden hacerlos repercutir a otro partido o persona para nivelar este asunto”, declaró Padrés a Radio Fórmula.

De acuerdo a lo publicado por Proceso, el exmandatario de Sonora en el periodo de 2009 a 2015 se entregó de manera voluntaria la mañana de este jueves en el Juzgado 12 del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, a fin de enfrentar tres querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las que fue declarado prófugo de la justicia hace casi un mes, el 14 de octubre.

De acuerdo con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Padrés duplicó la deuda pública sonorense al pasar de 11 mil 258 millones a 23 mil 288 millones de pesos.

El incremento fue 12 mil 30 millones, a un ritmo anual de 2 mil 5 millones; más de 167 millones mensuales, un total de 5.5 millones cada día.

Los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de 2009 a 2015 revelan que Padrés, como gobernador, sobrejerció 62 mil 630 millones, acumuló 12 mil 897 observaciones de parte del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y tuvo al alcance de sus manos 336 mil 749 millones de pesos en presupuesto.

También utilizó 894 millones 377 mil pesos para promocionar su imagen pública mediante la partida 36101, denominada Difusión en radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

El dispendio mediático de Padrés arrojó que el gasto de la oficina del Ejecutivo en su sexenio superó los 336 millones 749 mil pesos en sobrejercicio.

Además, creó de facto las partidas 31701 y 31901, nombradas Servicios integrales y otros servicios, así como la de Servicios de accesos a internet y proceso de información que, en total, desviaron 379 millones 423 mil pesos.

El 31 de agosto último el secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro, dijo en rueda de prensa que el pasivo estatal –tras el sexenio padrecista– asciende a 32 mil 538 millones de pesos al 30 de septiembre de 2015.

El secretario Navarro detalló que en transferencias a organismos, pago a proveedores al corto plazo, cumplir con contratistas y saldar retenciones, así como destinar lo correspondiente al fondo de pensiones de los burócratas sonorenses, liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y reconocer cuentas no registradas, se deben unos 9 mil 599 millones de pesos.

En esa ocasión también reveló que la deuda directa estatal, la de los municipios y organismos descentralizados, suma cerca de 22 mil 939 millones, por lo que –según sus estimaciones– el quebranto patrimonial, luego del primer sexenio panista, alcanzaría los 32 mil 538 millones de pesos, pero no mostró información del orden federal que comprobara sus señalamientos.

Padrés, a su paso por Sonora, dejó la detención ilegal por más de un año de los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez; la tortura y aprehensión sin pruebas de la extrabajadora doméstica Gisela Peraza, así como la cuestionable construcción del acueducto Independencia, que costó 4 mil millones de pesos.

Líos con la justicia federal

De las tres investigaciones que se le siguen a Padrés, la primera se dio el 4 de abril de 2014 ante la PGR de parte del comisionado nacional del Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berry, quien documentó la supuesta evasión fiscal, asociación delictuosa y lavado de dinero en que incurrió el exgobernador.

En la querella, el promovente solicitaba a la fiscalía mexicana que Padrés transparentara el origen fiscal de los 300 millones de pesos utilizados para la plantación de nogal en el rancho Pozo Nuevo SP de RL, en una extensión de 700 hectáreas.

Además, la denuncia exigía a la PGR que el exservidor público entregue a las autoridades la comprobación fiscal de los recursos ejercidos en este inmueble en su rehabilitación, electrificación de pozos y la construcción de un “mini acueducto” de 7 kilómetros que trasvasa el agua de arroyos pertenecientes al río Bacanuchi a un reservorio familiar.

Aún más. El 30 de octubre de 2014, los exactivistas Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva –hoy empleados de gobiernos priistas– denunciaron a Padrés ante la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR, debido a que el exmandatario sonorense incrementó los bienes del rancho personal y familiar denominado Pozo Nuevo SP de RL en 900%, de 2009 a 2014, cuando se encontraba al frente de la administración estatal.

En la querella con folio 1/2014 se documentó, con valuaciones actuariales y frente a un notario público, que el inmueble de la familia Padrés pasó de un valor comercial de 10 millones de pesos a más de 90 millones.

Por este mismo rancho, el exjefe del Ejecutivo fue sancionado a inicios de 2015 por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con un monto de 4.9 millones de pesos por violentar la Ley de Aguas Nacionales al construir tres represos con la capacidad de almacenaje total de 5.7 millones de metros cúbicos; no contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para operar esta infraestructura hidráulica, y retener ilegalmente el agua en perjuicio de 248 habitantes de Bacanuchi, Sonora.

El 6 de marzo del año pasado, el diario estadunidense The Wall Street Journal documentó que Guillermo Padrés y familia realizaron operaciones bancarias en Estados Unidos por un monto de 8.8 millones de dólares, lo que perfilaría el ilícito de lavado de dinero.

Según el influyente rotativo, en aquellos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encontró que Miguel Padrés, el hermano del exgobernador de Sonora, transfirió 5.7 millones de dólares a una cuenta bancaria de Estados Unidos que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CVS, una firma de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que era el único beneficiario.

Asimismo, la investigación periodística reveló que Miguel, apodado “el rico de la familia”, depositó 522 mil dólares en otra cuenta estadunidense abierta a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda y en la que supuestamente él es el único beneficiado.

A esta cantidad se suman los 3.3 millones de dólares que Guillermo Padrés recibió en supuestos sobornos de parte del empresario sonorense Mario Aguirre, quien a lo largo del sexenio del panista se benefició con más de 260 millones de pesos utilizados para confeccionar los uniformes escolares entregados de manera gratuita desde 2010 a los niños de primaria y secundaria de Sonora.

En total, Miguel Padrés transfirió 8.8 millones de dólares de cuentas mexicanas a cuentas en bancos en la Unión Americana desde que su hermano ascendió a la administración estatal en 2009.

Según la publicación, el 21 de mayo de 2015 el Departamento de Justicia estadunidense notificó a la PGR que había iniciado en Arizona una investigación contra el entonces mandatario sonorense, a fin de fortalecer los canales de información en las distintas diligencias.

No sólo eso. El 3 de junio y 8 de julio siguiente se reunieron funcionarios federales en materia de procuración de justicia de ambas naciones para intercambiar información sobre las transferencias sospechosas realizadas por Confecciones Industriales SA de CV y No. 1 Sonora Apparel SA de CV, ambas operadas por Mario Aguirre.

“Realizaron una serie de operaciones en el sistema financiero nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y, con un alto grado de probabilidad, se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”, citó la investigación del Wall Street Journal.

A fin de contrarrestar los alcances de esta investigación periodística y tras presiones de parte de sus correligionarios panistas, el 24 de febrero de 2014 el exgobernador Guillermo Padrés y familia ofrecieron una declaración patrimonial que en bienes conjuntos ascendía a 261.8 millones de pesos.

Aquella noche el exjefe del Ejecutivo local dijo que “por seguridad” e “insistencia” de sus hermanos Héctor, Miguel y Julio César presentaron un desglosado de 20 propiedades y registro de mil 200 cabezas de ganado.

Además, Padrés admitió tener una sola cuenta bancaria en Estados Unidos con un monto superior a los 20 mil dólares.

En esa atípica y espontánea presentación patrimonial, la familia Padrés declaró tener 16 sociedades comerciales que datan de 1944 a 2014, entre las que destacaban ranchos, concesionarias de autos, mueblerías, producción de carne de alta calidad para Japón y escuelas bilingües en Cananea.

También se encontraba el multicitado rancho Pozo Nuevo SP de RL, con un valor de 52 millones de pesos, pese a que ya había una denuncia sustentada en que esta propiedad valía por lo menos 99 millones.

A un par de años de que concluyera la administración padrecista, la familia de origen cananense creó la firma Hemex Reproducción Equina SPR de RL para la crianza de caballos finos.

Todavía esa agitada noche, el entonces gobernador compartió que en diciembre de 2013 adquirió un crédito a BBVA Bancomer por 5.2 millones de pesos para construir una casa en San Pedro “El Saucito”, localizado en la zona rural hermosillense y asegurado el 5 de mayo pasado por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, supuestamente como parte de una querella contra el exmandatario.

En esa misma noche Héctor Padrés, el mayor de la familia, comentó que orillaron a Guillermo, el exgobernador, a transparentar los recursos familiares porque “nadie va a tachar la calidad de hombre de nuestro hermano”.

HIJO DE PADRÉS INGRESA A PENAL DEL ALTIPLANO

Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex Gobernador de Sonora, fue recluido esta noche en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de 178 millones de pesos.

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) citados por el diario Reforma señalaron que previo a su ingreso al penal federal de máxima seguridad, el joven abogado fue sometido a una certificación médica para verificar que se encuentra en buen estado de salud.

Posteriormente, elementos de la Policía Federal Ministerial lo trasladaron desde la sede de la delegación de la PGR en Toluca al Cefereso, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentran presos algunos de los criminales de mayor peligrosidad en el país.

Esta tarde, la PGR ejecutó una orden de aprehensión contra Padrés Dagnino, cuando salía del Reclusorio Oriente, donde fue internado su padre por su presunta responsabilidad en delitos vinculados con actos de corrupción.

La PGR inició una investigación contra el joven abogado del despacho de Antonio Lozano Gracia, ya que es accionista de una empresa mediante la cual presuntamente se transfirieron recursos que se consideran de procedencia ilícita, al ser posibles sobornos entregados al ex Mandatario por parte de contratistas de uniformes del Gobierno de Sonora.

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