Por si acaso…
Por Carlos Jesús Ramírez
07 de noviembre de 2016

*2 mil 339 personas espiadas
*Aquel acecho de Chirinos

NO ES exagerado decir que en México –y en Veracruz Estado-, la intervención telefónica va más allá de una herramienta para “prevenir” y “perseguir delitos”; se trata, en realidad, de “un deporte” del sistema político nacional para dañar a personas incómodas al poder. Son infinidad de grabaciones o llamadas a móviles o teléfonos fijos las que se encuentran en poder de instancias Gubernamentales, entre otras, la Fiscalía General del Estado –cuando la operaba Luis Ángel Bravo Contreras-, testimonios que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares debería rescatar y exhibir, como ya lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en aras de frenar esos vicios.

Y SI bien el “espionaje político” no es una herramienta nueva, ya que a través del tiempo se ha usado para acechar a los “enemigos del poder”, éste, sin duda, se ha acentuado y, no solo eso: ha ido evolucionando a la par de las tecnologías, siendo los dispositivos móviles un objetivo de ataque, de tal suerte que hoy día la información que cargamos en nuestro Smartphone puede ser hackeada, ya que es mucho más importante y sensible que la almacenada en una computadora de escritorio o laptop.

PERO VOLVIENDO al tema Veracruz, vea usted: entre 2015 y 2016, la Fiscalía General del Estado asegura haber empleado vigilancia mediante la intervención de comunicaciones –celulares, líneas telefónicas de oficina, caseras y geolocalización- a un total de 2 mil 339 personas, la mayoría con averiguaciones previas pendientes, pero lo curioso es que, pese a ello, solo en 9 casos ejerció acusación penal, lo que representa el 0.38 por ciento de las indagatorias e induce a suponer que la dependencia a cargo de Luis Ángel Bravo no usaba el mecanismo para investigar probables crímenes o delitos sino para expiar a los enemigos de Javier Duarte, saber qué hacían, dónde estaban, con quiénes se reunían y qué riesgo representaban para los planes –ilícitos- del, entonces, mandatario en turno.

PORQUE ESO, aquí y en China, se llama acecho o, más protocolariamente, espionaje político contra la sociedad civil por parte del Estado –usando a la Fiscalía a su servicio como parapeto-. Y Duarte de Ochoa seguramente tiene una relación de esas llamadas, y acaso por ello se sentía tan seguro en el Gobierno. No se duda, por lo tanto, que el ex Gobernador pudiera utilizar las grabaciones en su poder para tratar de sacar raja y atenuar las denuncias en su contra, aunque, tal vez, busca el momento propicio para “cimbrar al País”, y acaso por ello no deja de manejar su red social de Facebook.

SEGÚN LA organización civil R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, “resultaría sumamente difícil seguir sosteniendo la tesis de que la vigilancia, en automático, equivale a investigaciones eficaces. Pero además, resulta innegable que ante la evidencia presentada sobre cómo las medidas de vigilancia han sido utilizadas en la práctica, existen grandes incentivos para utilizar la vigilancia de manera ilegal, incluso arriesgando la propia seguridad de la ciudadanía que los proponentes de la vigilancia sin controles dicen proteger”.

LA INVESTIGACIÓN de la organización detalla que solo en el 8.73 por ciento de las averiguaciones previas en las que se ha utilizado alguna medida de vigilancia entre el 2013 y el 2016 se ha ejercido acción penal, por lo que cerca del 90 por ciento de las personas que fueron objeto de vigilancia con fines de investigación penal no han sido acusadas de ningún delito ante un juez. De 21 procuradurías y fiscalías estatales en las que se documentó el ejercicio de alguna medida de vigilancia en investigaciones, resalta el caso de la Fiscalía de Veracruz. El espionaje realizado de 2013 al primer semestre de 2016, a través de intervención, acceso a datos de las comunicaciones de los usuarios (metadatos) y geolocalización, se habría perpetrado, en gran medida sin autorización judicial, una acción delictiva que debería investigarse y llevarse a los responsables ante tribunales.

Y ES que en la indagación, R3D pudo documentar que las autoridades realizaron 11 mil 994 solicitudes de rastreo de dispositivos en tiempo real a las empresas de telecomunicaciones. De este número, unas 3 mil 445 se produjeron en el 2013; 4 mil 324 se registraron en el 2014, y en el 2015, las autoridades pidieron unos 4 mil 225 accesos al monitoreo de ubicación geográfica, y en ese periodo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (gobernada por el inefable César Duarte) fue la autoridad que más accesos pidió a este tipo de información al sumar unas 6 mil 674 solicitudes, y en segundo y tercer lugar se encuentran la PGR y la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

LO CURIOSO es que al revisar los reportes de solicitudes de acceso a la ubicación geográfica en tiempo real remitida por las operadoras al Instituto Federal de Telecomunicaciones en el primer semestre de 2016, resalta que ninguna operadora dijo haber recibido solicitudes de las Fiscalías, esto es, las instancias se fueron por la libre, o lo que es lo mismo, espiaron recurriendo a sus propios mecanismos de espionaje, los cuales se concentran en el llamado Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).

NO ES por fregar al vecino, pero en tiempos del gobernador Patricio Chirinos fue cuando en Veracruz se recrudeció el espionaje político, actividad que estuvo a cargo de Enrique Ampudia Melo que fungió, en últimas fechas, como secretario particular de Javier Duarte de Ochoa, cargo desde el cual, seguramente, filtró información al, entonces, gobernante en torno a Miguel Ángel Yunes Linares para frenarlo en la búsqueda de la gubernatura.

COMO FUERA, Luis Ángel Bravo Contreras debería ser llamado a comparecer para que informe a quiénes espió, por instrucciones de quién y qué datos obtuvo pero, sobre todo, dónde se encuentra concentrada la información que, en caso de caer en manos perversas, podría “cimbrar” al Estado. Es sugerencia. OPINA carjesus30@nullhotmail.com