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Ciudad de México- 2016-12-0908:57:35- En la Secretaría de Salud de Veracruz se construyó una red de corrupción que operó los últimos 12 años. El uso de empresas fachada o armadas a modo por políticos aliados y familiares de los entonces gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte, facilitaron el desvío de recursos de múltiples formas, una de ellas, el proveer medicamentos para combatir el cáncer que eran falsos.

De acuerdo al reportaje de Jair Avalos, para Ejecentral, las primeras consecuencias comprobables ante la no disponibilidad de presupuesto en la administración de Duarte es la muerte de nueve menores de edad que padecían leucemia, quienes ya contaban con la aprobación de los recursos para su cirugía de médula, pero se las cancelaron sin justificación. Meses después, sin atención, fallecieron.

A partir de la revisión y verificación de documentos, además de la consulta a distintas fuentes internas del sector salud de Veracruz, Ejecentral logró confirmar la muerte de los menores, la compra de medicamentos falsos y las distintas operaciones que favorecieron a empresas, tres de ellas, por ejemplo ligadas directamente con el ahora diputado federal Jorge Carvallo Delfín, hombre muy cercano a los dos exgobernadores desde 2006, cuando fue secretario particular de Fidel Herrera, en los días en que éste era senador, y se convirtió más tarde en coordinador ejecutivo de la agenda del gobernador y fue designado secretario Técnico del Fideicomiso de Bursatilización de la Tenencia Vehicular.

›Uno de los puntos clave de la red corresponde al área de asuntos materiales de la Secretaría de Salud de Veracruz, pues solicita y verifica las compras de medicamentos; para ese puesto el exgobernador nombró a su primo Franz Zurita Duarte.Las investigaciones sobre cómo el sistema de salud prácticamente colapsó ante la falta de presupuesto, medicamentos que supuestamente se compraron y nunca llegaron o que eran “clonados” o comprados con sobreprecios, apenas comienzan. Aquí una parte de la historia que por ahora se puede verificar, pero que al avanzar las pesquisas podría confirmarse que más personas sufrieron daños mayores en su salud.

Medicinas “clonadas”

Fue el 14 de junio de 2010, a finales de la gubernatura de Fidel Herrera, cuando una enfermera denunció a sus superiores “impurezas” dentro de un frasco de Avastin, tratamiento aplicado a los enfermos de cáncer de mama. El medicamento iba a ser utilizado para una de las pacientes del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) Doctor Miguel Dorantes Meza.

Debido al señalamiento, la familia de la hospitalizada se rehusó a que utilizaran el Avastin (BEVACIZUMAB) de 400 miligramos, con el número de lote B3386B018 (caja) y B33868 (contenedor), con la mujer beneficiaria del programa Seguro de Gastos Catastróficos del Seguro Popular y que había proveído la empresa Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V.

Pasó un mes. Fue hasta el 14 de julio que se solicitó un análisis del fármaco a Grupo Roche Syntex de México, S.A. de C.V., empresa que posee la patente del Avastin. La farmacéutica respondió hasta el 20 de octubre, especificando que la composición del empaque no correspondía “a un producto original Roche”.

Se hizo una revisión dentro del nosocomio para llegar a “la verdad histórica” de lo ocurrido; aunque nunca se abrió una investigación formal ni se presentó una denuncia penal. El 9 de diciembre de 2010 se llamó a Margarita Aburto Luna, encargada de farmacia, y a Idalia Dávila González, responsable sanitario de farmacia, para que dieran su versión de los hechos. Ambas se deslindaron de las medicinas “no originales”.

En uno de los oficios internos, el nosocomio define que esos medicamentos son “clonados”.

La muestra del medicamento no reapareció. Las muestras le fueron solicitadas a Idalia Dávila, quien respondió no tener las muestras pues fueron enviadas al laboratorio Roche. Las autoridades médicas reclamaron que el consorcio sólo respondió por los empaques y no por el contenido.

El día 6 de mayo de 2011, ya con Javier Duarte en la administración estatal, se reunieron “con carácter de urgente” Enrique Arredondo, director de Asuntos Jurídicos de la Sesver; Franz Zurita Duarte, subdirector de Asuntos Materiales y primo de Javier Duarte; Juan Echeverría Betancourt, jefe del Departamento de Adquisiciones; Enrique Guzmán García, director del Cecan y Diana Florencia Mendoza Lara, administradora del hospital especializado. En esa reunión sólo se acordó retirarle la adjudicación directa a la Empresa Especialidades Médicas del Sureste, de los medicamentos adquiridos para los enfermos de cáncer.

Se llamó a Rocío Beceiro Delfín, representante de la compañía, y se le notificó a Mirna del Rosario Díaz, propietaria de la empresa. Sin embargo, la adjudicación de estos medicamentos se le entregó a Suministros MAXBEC, S. A. de C.V., una compañía que comparte dueños, dirección y hasta el número de teléfono con la empresa a la que se le retiró la adjudicación.

El 19 de mayo de 2011 se citó a los titulares de Especialidades Médicas del Sureste. Al día siguiente lo mismo ocurrió a Jorge Tanaka Kido, de Roche. De esa reunión ya no hubo reportes.

El diputado y sus empresas

Dentro de la Secretaría de Salud operaron tres empresas ligadas con el diputado Jorge Carvallo Delfín, y según datos confirmados por ejecentral comparten la dirección donde se suponen se encuentran establecidas.

Se trata de Especialidades Médicas del Sureste, Suministros MAXBEC y Grupo Empresaria HEBEREN, que se encuentran a nombre de Mirna del Rosario Díaz Sarmiento y según sea el caso, están representadas por los hermanos Rocío Alejandra y Andrés Guillermo Beceiro Delfín, primos hermanos maternos del ahora diputado federal Jorge Carvallo.

Estas compañías suministraron medicamentos al programa del Seguro Popular ganando contratos millonarios con productos de precios inflados. Un ejemplo, el caso del Avastin, declarado como “no original” por la firma Roche, era vendido en 22 mil 500 pesos según el sistema de facturas con el que trabaja el Centro de Cancerología. Sin embargo, el precio que maneja la empresa regiomontana Fármacos Especializados, que le ha suministrado este mismo medicamento al Seguro Popular, revela que se ha vendido en 19 mil 468 pesos. Tres mil 32 pesos menos, por producto, que lo ofertado para el hospital veracruzano.

Estas tres empresas son proveedoras del sistema de salud desde la gubernatura de Fidel Herrera. Por ejemplo, la licitación 59067001-007-10, emitida en noviembre de 2010 para el Sistema del Seguro Popular, Especialidades Médicas del Sureste se llevó un contrato por 58 millones 44 mil 371 pesos, por 35 tipos de medicamentos para surtir en el estado.

Pero ellos no sólo concursaban en temas de salud, sino que también entraban en licitaciones para equipos de mobiliario o pintura. En una resolución emitida el 24 de noviembre de 2014, con el entonces oficial mayor de Educación de Veracruz, Edgar Spinoso, se demuestra como concursaron para la licitación de 70 mil cubetas de pintura vinílica blanca.

›Distribuidora MAXBEC fue de los proveedores consentidos de Ricardo Sandoval Aguilar, jefe de Administración de Servicios de Salud, quien manejaba los nombres de las empresas que trabajaban para estos programas.

El tener tres empresas le permitía al diputado aparecer con distintos nombres en lo que debía ser una licitación o invitación a tres empresas, de esa forma aparentar competencia y resultar ganadora alguna de las compañías. Tal fue el caso, por ejemplo, de la licitación por invitación GEV-SS-22-LS-1-49/11 para adquirir “jeringas desechables con agujas para el Programa de Vacunación Universal”, en la que se registraron Grupo Heberen, Distribuidora MAXBEC y LIDMED, con sede en Xalapa.

De esas tres invitaciones, firmadas por Juan Echeverría Betancourt, jefe de Adquisiciones, sólo participó Distribuidora MAXBEC contra IMEDIC y SURGICAL AND MEDICATION. El 15 de diciembre de 2011 declararon ganador de la licitación a la primera con un contrato de 5 millones 41 mil 813 pesos con 56 centavos.

Distribuidora MAXBEC, Grupo Empresaria Heberen y Especialidades Médicas del Sureste comparten su dirección en el número 25 de la calle Perú, de la Zona Centro de la ciudad capital Xalapa. Las dos primeras tienen hasta el mismo número telefónico para su contacto.

“Esta empresa privada se fundó en el año 2011 (…) Ha estado operando cuatro años menos de lo normal para una empresa en México, y 12 años menos que lo normal para empresas de equipo médico y hospitalario”, se autodescribe Grupo Empresarial Heberen en su página web.

El diputado ya es uno de los blancos de investigaciones de la Procuraduría General de la República desde hace meses, en las carpetas PGR/SIEDO/03/034/2007 y la PGR/SIEDO/TAMP/076/2007.

Sin embargo, todavía no se incluye a todas estas empresas ni las licitaciones que ganó; mucho menos la falsificación del medicamento que pretendían utilizar con 40 enfermos, pero gracias a que una enfermera y la familia de un paciente notó que no correspondía y presentaba anomalías, no se continuó con el tratamiento, pero la empresa se quedó con el dinero ganado, lo que incluyó sobreprecios.

Las irregularidades y los desvíos de recursos llegaron a un nivel que costó la vida de niños. La Secretaría de Salud dejó de ejercer recursos para la atención de menores de edad con leucemia y otros tipos de cáncer, recursos que ya estaban autorizados.

De acuerdo a las distintas fuentes consultadas, cada intervención quirúrgica para trasplante de médula ósea, por ejemplo, alcanza un costo aproximado de 2 millones de pesos. Los reportes muestran que las cirugías simplemente se suspendieron de manera indefinida, y las fuentes consultadas coincidieron en que directivos de la Sesver decidieron “no ejercer los recursos y dejaron morir a los niños”.

Los menores que murieron por no ser intervenidos quirúrgicamente fueron: a causa de la leucemia un niño de 2 años, dos niños de 4 años y dos jóvenes de 15 años; además de un chico de 15 años que murió por Metástasis Pulmonar.

En la lista interna de Sesver, que se describe como pacientes sin atención, también se asegura que murió un chico de 13 años por sarcoma paravertebral (tumores que crecen en la zona de las vértebras); un joven de 17 años con un glioblastoma (tumor cerebral) y una niña de 12 años por osteosarcoma (tipo de células malignas que producen síndrome de “hueso inmaduro”).

La documentación detallada de estos nueve casos prácticamente desapareció de los archivos desde 2015. Primero se declararon reservados y posteriormente nadie los encontró. Sin embargo, aún queda el registro de las defunciones dentro del hospital de estos “beneficiarios” del programa “Seguro de Gastos Catastróficos del Seguro Popular”.

Estos registros que revelan que sólo uno de los niños tenía menos posibilidades de sobrevivir por su padecimiento, los demás fallecieron por la falta de atención dentro del nosocomio, y no se descarta que la aplicación del tratamiento mejorara su salud.

Estas muertes se dieron entre diciembre de 2014 y enero de 2015, años con mayores observaciones por desvíos de recursos por parte de la Auditoria Superior de la Federación.

Eje Central/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO