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Ciudad de México- 2016-12-0109:39:16- La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con evidencia que demuestra que el presunto desvío de recursos en la administración de Javier Duarte, a través de empresas fantasma, inició en 2012 y continuó haciéndolo hasta 2016, último año de su gobierno.

El dinero se intentó lavar con más de un centenar de transferencias electrónicas denominadas “SPEI” que permiten mover grandes sumas de dinero en cuestión de segundos, según las primeras investigaciones de la PGR.

De acuerdo con datos de la indagatoria que la Subprocuraduría de Delitos Federales de PGR integra junto con la Secretaría de Hacienda, bajo el expediente SEIDF/UEIDFF-VER/0001653/2016, solo en el caso de los 421 millones ya recuperados la red fraudulenta involucró a ocho compañías, siete creadas exprofeso para el traslado de los recursos.

El esquema para desviar estos 421 millones operó dela siguiente forma: entre los años 2012 a 2016 seis compañías (cuyos nombres no se confirmaron públicamente para no violar la integridad del proceso) recibieron recursos de partidas públicas. Lo hicieron mediante la firma de contratos con distintas dependencias.

El dinero que recibieron estas compañías fue trasladado paulatinamente a una séptima empresa fantasma creada por un prestanombres de Javier Duarte, la cual ya no era contratista del gobierno. Dicha compañía se encargaba de dispersar los recursos con distintos fines con el objetivo de lavar su origen.

De los 421 millones desviados originalmente, esta séptima compañía destinó 261 millones de pesos entre junio de 2012 y mayo de 2013 para adquirir el 50 por ciento de una octava empresa, esta si una compañía con operaciones reales. Fue esta última empresa la que colaboró con las autoridades ministeriales para devolver los recursos que se recibieron.

La inversión en la compra de acciones de una compañía legal solo es una de varias alternativas que encontraron los involucrados en esta red de corrupción que presuntamente encabeza el gobernador Javier Duarte. Hubo dinero que, como ya también documentó la PGR, se usó para la adquisición de múltiples propiedades.

“La mecánica es a través de empresas fantasmas, hacían parecer licitaciones o servicios al gobierno del estado lo cual recibían estas empresas, lo iban manejando el flujo de una empresa a otra, de una cuenta a otra, de una persona a otra, para ir diluyendo el origen, llegó a una persona prestanombres y ese invierte en una empresa totalmente limpia, invierte el capital y la empresa recibe” dijo ayer el titular de la PGR Raúl Cervantes.

Como lavar dinero en 65 segundos

Para ocultar el origen de los recursos económicos y trasladarlos entre distintas cuentas bancarias, las personas físicas y morales (empresas) realizaron transacciones electrónicas a través del mecanismo denominado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

El Banco de México explica que el SPEI son transacciones de banca en línea que se pueden realizar entre distintos bancos y que tienen como ventaja el que, en muchos casos, no hay un tope del dinero que se desplaza. La transferencia de una cuenta a otra se ve reflejada en un máximo de 65 segundos.

“Hacer pagos a través del SPEI es muy seguro pues estas operaciones se realizan a través de un ambiente o red privada y protegida. Además, el servicio de banca por internet o el servicio de pagos móviles requieren el uso de un dispositivo de seguridad el cual puede ser un token o una tarjeta de seguridad, lo que te garantiza que sólo tú puedas realizar operaciones a través de estos servicios”, indica en su página el Banco de México.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ha detectado por lo menos un centenar de operaciones con este mecanismo, lo que permitió el desplazamiento de casi 500 millones de pesos cuyo origen corresponde al erario público de Veracruz.

El servicio de SPEI se utilizó para que al menos ocho compañías fantasma enviaran recursos a una empresa denominada Consorcio Brades SA de CV, que simuló la adquisición de terrenos ejidales con recursos públicos, dinero que se terminó invirtiendo finalmente en propiedades como el Rancho “La Mesa” ubicado en el Estado de México.

Se reparten rancho

La PGR detalló que la propiedad del rancho denominado La Mesa en Valle de Bravo, adquirido por Javier Duarte a través de una red de prestanombres con recursos provenientes de partidas de Salud y Educación, se encuentra dividido entre el gobierno federal y el estado de Veracruz.

Una tercera parte de la propiedad se encuentra escriturada ya a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, mientras que las otras dos terceras partes, que suman 92 hectáreas, se encuentran legalmente aseguradas por el Ministerio Público de la Federación.

Además del rancho otras cuatro propiedades han sido aseguradas por los fiscales de la Procuraduría. Se trata de dos inmuebles en las colonias Polanco y Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, 630 hectáreas de terrenos ejidales en Campeche, y un rancho denominado “El Faunito” en Córdoba Veracruz.

Animalpolítico.com / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO