CAMALEÓN

¿Qué porcentaje de la población veracruzana está enterada de las peripecias por las que atraviesa el actual gobierno y sus esfuerzos para estabilizar su curso? ¿Cuántos de los habitantes de Veracruz se preocupan por lo que acontece en el sector público, mientras se ocupan en la tarea de satisfacer sus propias necesidades? Sería interesante conocer las respuestas para medir hasta qué grado la ciudadanía está pendiente de lo que hace su gobierno y si el divorcio entre ambas instancias se ensancha o existe la posibilidad de reconciliación, porque lo que el gobierno ejecuta repercute inexorablemente en el ámbito social.

Ciertamente, en materia de gobierno en Veracruz estamos viviendo una situación inédita, primero porque la clase política en el gobierno hasta noviembre último se mostró voraz consumidora del dinero público dejando como legado finanzas exhaustas, un aparato burocrático obeso e improductivo y, segundo, porque el contexto normativo y político en el que se desempeña el actual gobierno existe un límite a dos años y enfrentará dos elecciones de singular importancia, hecho que redunda en el comportamiento a corto y mediano plazo en el gobierno..

Por el momento, atareado en limpiar la casa, el gobierno de Yunes Linares está bajo fuerte presión pues, de la igual manera en que los defensores de Guillermo Padrés y Elba Esther Gordillo introducen en el imaginario colectivo la idea de que son perseguidos políticos, en el estado de Veracruz los colaboradores de Yunes Linares están bajo la lupa y se vocea que “poblanos” invaden la administración pública veracruzana, luego se habla de “prepotencia” y a continuación seguramente se argumentará acoso laboral. Nada más grave resultaría que atendiendo a esa presión se desalentara el propósito de sanear la administración pública veracruzana, porque sanear la burocracia es paso prioritario y  condición sine qua non para restringir la sangría del gasto corriente.

Todo dentro de los cauces legales, pero siempre actuando para corregir procedimientos inexplicables; en este espacio relatamos la inusitada actitud del anterior secretario de Salud por permitir la construcción de una iglesia al interior de las instalaciones de esa Secretaría y la construcción de espacios para cada sindicato en menoscabo de frondosos árboles en la antes muy sombreada falda del Macuiltepec. Salvaguardar el derecho de los empleados no implica canonjías para los dirigentes sindicales, a quienes se les debe respeto por su condición de representantes de los trabajadores, pero nunca asumirlos como rectores de la actividad administrativa, como lamentablemente ha ocurrido en el sector salud.

No ha sido fácil el arranque del actual gobierno veracruzano, su condición política respecto del gobierno federal limita y complica arreglos, tejer fino es la consigna. Porque en medio de esos diferendos estamos ocho millones de veracruzanos cuya esperanza es recobrar la paz social, con seguridad pública garantizada, con infraestructura carretera decorosa, con servicios de salud a la altura de las necesidades, con profesores en las escuelas no en sus sindicatos o partidos políticos, con una actitud en los servidores públicos que garantice honradez y eficiencia. Por otro lado, Veracruz pide castigo a los corruptos, ese es un expediente que no debe relegarse, nada provocaría mayor daño en la conciencia pública que dejar en la impunidad delitos de lesa entidad. El genocidio en los hospitales, la infraestructura carretera abandonada, el campo semi paralizado, son producto de la irresponsabilidad, la insensibilidad social, la ineptitud y la corrupción, lacras  que deben desterrarse con profunda profilaxis.

Aceptar el nombramiento en un cargo público para cuyo desempeño no se está capacitado no es ético y expresa corrupción, lo mismo ocurre con quien cobra un emolumento sin retribuir un servicio o trabajo para merecerlo. A esto último en México se le califica como “aviadores”, gente incluida en una nómina pública pero que no trabaja, y por lo tanto merece castigo pues es recurso público el que se utiliza para ese lucro. Por esta razón, ahora que el gobierno del estado pretende limpiar la casa se espera un ejemplar escarmiento rescatando la plaza o al menos suspender derechos de antigüedad con borrón y cuenta nueva, sin demérito de aplicar la sanción correspondiente, que bien pudiera ser por fraude o por robo, devolución de lo cobrado o cárcel.

El descubrimiento de la corrupción durante el gobierno duartista no toca fondo pues día a día surgen datos duros del saqueo a Veracruz, así lo demuestran documentalmente el reactivado Orfis, la Auditoría Superior de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué ocurrió, porqué la extraordinaria libertad para cometer semejante atraco? Simplemente se engolosinaron ante la facilidad de obtener fácilmente el recurso millonario, desde mandos medios hasta la cúpula no tuvieron límites, pues al advertir la extraordinaria voracidad del gobernador ni las formas guardaron.

Pero si acaso pudiera advenir un peor escenario, en los momentos por los que atraviesa la entidad veracruzana sería lo menos deseable, tal sería iniciar un conflicto mayor con el gobierno federal, como sería el efecto si el gobierno de Veracruz decidiera apartarse del Convenio de Coordinación Fiscal. Que la Federación estaba enterada del latrocinio a que era sometido Veracruz desde el centro de sus poderes políticos, que nada hizo para evitarlo y que ahora el gobierno del estado es de diferente signo partidista, es verdad. Por las dos primeras motivaciones, en mea culpa la federación debiera aportar elementos para la recuperación financiera, los suficientes al menos para paliar la crisis; en cuanto al gobierno de signo opositor téngase en cuenta que “castigándolo” se castiga a la población veracruzana, que de cualquier manera ha sido víctima de sus políticos. En todo caso, más vale seguir por la vía de las negociaciones y no ubicarse en una disputa política que distraería la solución de los problemas, y solo son dos años.

alfredobielmav@nullhotmail.com

17- diciembre- 2016.