Desde tiempos de Calderón, cuando sacó de los cuarteles al ejército y lo involucró en la persecución del delito, hubo un torrente de críticas sobre esa medida tan drástica, que el presidente justificó alegando como necesaria esa medida. Pero después de varios eventos en los que el ejército ha participado, particularmente después de Tlataya, es el propio Secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, quien exige un marco legal que regule la actuación de los militares en tareas de seguridad pública.  “Los militares no estudian para perseguir delincuentes” (y) “ya se lo están pensando si le entran por riesgo a ser acusados por violaciones a los derechos humanos”. Lo peor es que desliza la idea de regresar a sus cuarteles porque “estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. Lo que faltaba a Peña Nieto.