Astrolabio Político

Por Luis Ramírez Baqueiro

12 de diciembre de 2016

“El valor encara al miedo y así lo domina.” – Martin Luther King.

Poza Rica fue el marco perfecto para enviar el mensaje, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, no titubea jamás al tomar una decisión, cuando se trata de asuntos de seguridad, le originario de Soledad de Doblado, no se anda por las ramas, es algo que lo mueve, que lo apasiona, sabedor y conocedor de todos los entuertos en materia de seguridad nacional, sabe que es ahí donde debe lanzar el mensaje.

“Vamos tras ellos y vamos sobre ellos. Hoy la sociedad está amenazada, la sociedad vive atemorizada, a partir de hoy quienes van a tener temor son los delincuentes, porque vamos con toda la fuerza del Estado Mexicano a responder a sus acciones, vamos con la ley en la mano, pero con toda firmeza a prevenir la comisión de los delitos” afirmó, al anunciar el arranque del “Operativo para la zona petrolera y citrícola de la zona norte del Estado”, en donde también explicó que se busca sumar el trabajo de todas las instituciones del Estado Mexicano que tengan responsabilidad en materia de seguridad pública.

Cierto es que los veracruzanos no debiéramos estar pasando por la desgracia que enfrentamos producto del daño colateral que deja la penetración de grupos delincuenciales con la anuencia de quienes mal mandataron la entidad, en su afán de tomar control de la plaza y por supuesto de continuar con su misión de envenenar a la población con su producto.

Pero aun cuando Jaime Ignacio Tellez, Secretario de Seguridad Pública, explique que el operativo, que se aplicará en Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla y Álamo, contará con la participación de las Policías estatal y municipales, así como elementos de la Secretaría de Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República, el tema de la infiltración de los cuerpos policiales, sean mando único, sean regionales es el tema a vencer.

Habría que recordar que precisamente fue hace 10 años con un día cuando el entonces presidente Felipe Calderón, para quien el propio Yunes Linares colaboró, le declaró la guerra al narco y a los grupos delincuenciales, colocando a los integrantes de nuestro glorioso Ejercito, Marina, y Policía Federal en las calles.

Desde el mismo 1 de diciembre de 2006 tras la polémica elección –que provocó el mega plantón de Andrés Manuel López Obrador- y tras una accidentada toma de protesta, el propio Felipe Calderón leía en el Auditorio Nacional su primer discurso como jefe de las Instituciones del Estado Mexicano, ahí minutos antes de trasladarse al Campo Marte a pasar revista a las tropas como su nuevo comandante en jefe, el michoacano afirmó “Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia”.

Fue el primer anunció, para lo que de manera formal habría de anunciar 10 días después, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, cuando presentó los pormenores del Operativo Conjunto Michoacán.

Ese que sería a la postre el primer despliegue de tropas (4 mil 260 soldados, mil 54 marinos y mil 420 policías federales) con la misión de “recuperar el territorio” que, se admitía, estaba en manos del crimen organizado. “La batalla contra el crimen organizado apenas comienza”, afirmaba Ramírez Acuña, replicando a su estilo los dichos de Calderón, “y será una lucha que nos llevará tiempo”.

Diez años después, la guerra sigue y, según las cifras oficiales, no la va ganando el Estado mexicano.

Michoacán, el estado natal de Calderón, donde inició el combate, ha transitado del dominio de La Familia Michoacana al de Los Caballeros Templarios y, actualmente, al del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según refirió Reforma este domingo, la estrategia de descabezar cárteles no funcionó, pues fraccionó a los grupos delictivos, generó nuevas generaciones de capos y propició enfrentamientos cada vez más violentos entre ellos, con consecuencias funestas para la sociedad civil.

Al final del sexenio de Calderón, los muertos sumaban más de 104 mil y los desaparecidos, más de 14 mil, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según refiere el trabajo realizado por el Staff de este Diario, el gasto público en seguridad se multiplicó, hasta llegar a un billón de pesos en seis años. Se militarizó el país, con presencia de soldados, marinos y policías federales. La agenda bilateral con Estados Unidos se concentró en la guerra contra el narco. Los abusos militares fueron recurrentes y las Fuerzas Federales fueron acumulando recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Pero la violencia no paró, el narcotráfico tampoco, y la delincuencia común no se contuvo.

Calderón dejó el gobierno en diciembre de 2012 y, durante su último año de administración, dedicó decenas de discursos a justificar su guerra, con frases como “¿qué querían que hiciera?”.

Regresó el PRI a Los Pinos y, a pesar de las críticas de este partido a la estrategia fallida de Calderón, la guerra continuó.

Aunque el tema desapareció del discurso presidencial, en los hechos, las acciones militares se mantuvieron con la misma intensidad. En 2016, la Sedena contabiliza ya 265 mil operaciones y la Marina 37 mil.

El gasto en seguridad ascendió a 248 mil millones de pesos en 2015, y para 2016 se programó una cantidad similar. En total, la guerra contra el narco ha costado 1.8 billones de pesos al Estado mexicano.

Y los homicidios siguen al alza. Suman casi 70 mil en lo que va del sexenio de Peña Nieto, para un acumulado de 174 mil en la década, según el SNSP. Otros estudios elevan esta cifra a más de 200 mil, usando como fuente los homicidios registrados por el INEGI entre 2007 y 2016.

Los desaparecidos superan los 29 mil y, según observadores internacionales, durante la guerra se han vuelto práctica común las ejecuciones masivas, los abusos de poder, la tortura (provocada por criminales, pero también por agentes del Estado), la desaparición forzada, los ataques a defensores de derechos humanos y el asesinato de periodistas.

Entre los saldos, el gobierno federal presume la detención de 33 de los 37 capos de la droga que, en 2009, la PGR ubicó como los más buscados.

Según afirma el documento periodístico, investigadores como Eduardo Guerrero (Lantia Consultores) y Luis Astorga (UNAM) han advertido que los cárteles siguen operando y multiplicándose.

El mercado de la droga sigue expandiéndose y aumentó el consumo doméstico, sobre todo entre los más jóvenes. Tan sólo entre 2008 y 2011, se pasó de 3.9 millones a 5.7 millones de consumidores de drogas ilegales en México (según la versión más actual de la Encuesta Nacional de Adicciones) y, en 2014, 1.7 millones de jóvenes de secundaria y bachillerato consumieron alguna droga.

En una cosa tenía razón Calderón: la guerra será larga, costará dinero y muchas vidas humanas.

Aun cuando el gobernador de Veracruz, afirmó en Poza Rica “que para lograr todos los objetivos se requiere de la participación ciudadana y en ese sentido dio a conocer que habrá un esquema para hacer denuncias anónimas”, la pregunta flota en el aire ¿podrá este esquema acabar con el crimen organizado, la violencia, la delincuencia, tras observar que la misma federación, ha fallado en su intento? Por el bien de Veracruz esperemos que así sea, aun cuando en paralelo, habrá que impulsar una campaña incesante para retomar desde el ámbito familiar y educativo, elementos como el civismo, los valores, el respeto, la cultura, que son el complemento necesario para acabar de tajo ahora sí con este maldito cáncer que acaba con nuestro país.

Al tiempo.

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