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El derecho al enojo

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Por Diego H. Arrazola*
05 de enero de 2017

Pasadas las celebraciones decembrinas, llegan los anuncios del gobierno priista de Enrique Peña Nieto sobre la liberación e incremento de los precios en gasolinas, electricidad, gas…

Rápidamente, y de manera obvia, los ciudadanos hacen de manifiesto su desacuerdo y repudio a dicha medida a la que es difícil  encontrarle pies o cabeza.

En Veracruz, estado desgraciado por los ladrones del gobierno del prófugo Javier Duarte de Ochoa, la situación se torna más complicada al añadirle el despido de considerable número de quienes trabajan en las distintas oficinas centralizadas y descentralizadas del gobierno del estado. Si bien el argumento del gobernador puede ser de simple digestión, resulta incompleto.

Recapitulemos: el gobierno de la alternancia encuentra un estado en bancarrota, por lo tanto propone medidas de austeridad, tales como que funcionarios de gobierno no cobrarían su sueldo (por un rato, habiendo condiciones lo recuperarían), o que se haría una “limpieza” en todas las áreas de la administración pública para detectar y despedir a los “aviadores”, entre otras disposiciones.

Ahora, si bien es cierto que la burocracia fue absurdamente engrosada durante los últimos gobiernos, el despido de trabajadores y retención de sueldos no es precisamente la solución, dicha medida no es eficiente ni suficiente, pues sólo han logrado reducir en un millón de pesos ese “pasivo” de gobierno del estado, además de no establecer criterios claros y justos para realizar dichos despidos. Esto debe ser oportunidad para que en el nuevo gobierno el acceso a los cargos públicos sean reexaminados: que entre y permanezca el que cumple con su encargo, y no como han venido siendo cuotas electorales, políticas, familiares, o peor aún: chivos expiatorios.

Sin embargo, hasta el momento pareciera no ser así, sino algo disparejo desigual y discriminatorio, ¿no? Esta política de “recuperación” económica basada en los salarios de los trabajadores podría resultar una violación de los derechos laborales, que son derechos humanos, de quienes prestaron sus servicios al estado.

Por otro lado, el PRD, partido coaligado electoralmente, no debe subsumir lo que queda de él a estas arbitrarias decisiones en detrimento de la economía familiar, como lo ha hecho público en ruedas de prensa y boletines. Es un posicionamiento contrario a su línea política y programa. El PRD no está para perder o confundir a su electorado. El Partido debe mantener su independencia, toda vez que no es gobierno, sino fue aliado electoral.

En fin, seguro usted conoce a un trabajador de alguna dependencia de gobierno y sabrá su estilo de vida, que en nada se compara al de los altos funcionarios y secretarios de despacho o diputados. Seamos comprensivos ante las protestas, pues el ciudadano promedio, el burócrata promedio, no es la causa sino el resultado de una serie de políticas poco sensibles, como lo es el alza a los combustibles o quedarse sin trabajo de tajo, por los excesos propios del viejo sistema. Y el gobierno debe ser cuidadoso y respetuoso de nuestros derechos constitucionales a la libre manifestación de las ideas y de tránsito.

P.S. El problema no son los impuestos, pues sin impuestos no hay servicios públicos (de por sì, precarios), el problema es cómo distribuye el gobierno ese dinero…  Vienen a la mente las muchas casas blancas.

Twitter: @DiegoEArrazola

*Militante del PRD

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