Del muro de Gaudencio García Rivera

12 HORAS / El 28 de abril de 2012, a dos años de la gestión polémica del entonces gobernador orondo Javier Duarte, la comunidad periodística veracruzana, recibió la infausta noticia del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
El gremio periodístico no salía de su asombro de la sombría noticia que consternó a Veracruz y daría pie a una escalada de crímenes en contra de los periodistas, que desde esa fecha para acá no se ha frenado. Regina fue encontrada asfixiada en su modesta casa que rentaba en el popular barrio de El Dique.
El asesinato de Regina Martínez, exreportera de la televisión oficial del TV Más-hoy RTV-, del periódico Política, excorresponsal de La Jornada, corresponsal de Proceso e integrante de la Asociación de Corresponsales de Medios Nacionales, nunca se aclaró como lo marca la norma del estado de derecho.
Crearon un “chivo expiatorio”, que fue torturado para que confesará la verdad oficial, deslegitimado por uno de los magistrados que conocía el caso y hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Edel Álvarez Peña. El autor material que cegó de la vida a la compañera Regina, nunca apareció.
La resolución del expediente sobre este crimen y los restantes (21), han sido verdades a medias, sesgadas y torcidas que han dejado más dudas que aciertos. Las investigaciones sobre la actividad profesional de los comunicadores caídos en forma sospechosa, en la mayoría de los casos, fue soslayada por las fiscalías local y federal.
A la fecha, la coadyuvante fiscalía local del irascible Jorge Winckler Ortiz no tiene pistas y el móvil del asesinato del periodista Ricardo Monlui Cabrera, acribillado el 19 de marzo de 2017, ni de Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del periódico La Opinión de Poza Rica, lesionado mortalmente a balazos el 29 de marzo de 2017.
Y tampoco, curiosamente que es del fueron común, ha detenido a los presuntos delincuentes de las facciones del sindicato de TAMSA que asesinó a uno de los trabajadores y lesionó con armas de fuego al periodista Israel Hernández, reportero de Imagen de Veracruz y corresponsal de Aristegui Noticias, el 24 de marzo de 2017, en una zacapela por la disputa del poder sindical.
“Regina toca nuestro corazón”, comentaría entonces el director fundador de Proceso el 30 de abril de 2012, hoy extinto, Julio Sherer García, durante una reunión que encabezó con periodistas de la revista y el entonces gobernador Javier Duarte en Palacio de Gobierno, en Xalapa.
Don Julio advirtió en aquella reunión oficial, de acuerdo con una de sus últimas obras póstumas que escribió antes de su muerte, que “Me sentía obligado a intervenir. No se trababa sólo de esclarecer el homicidio” de Regina, sino de llegar a las aguas profundas en las que Veracruz se debatía en la zozobra, como el país”.
“No pude más y le dije al gobernador que no le creíamos, que su discurso estaba de más. Yo pretendía dejar en claro en palabras inequívocas que no siguiera por ahí”, contó el director fundador de Proceso.
Y no se equivocó con su diagnóstico don Julio con la incertidumbre, complicidades aviesas y narcoviolencia que vive Veracruz y una gran parte de estados del país. El crimen de Regina, de Ricardo Monlui y el resto de colegas abatidos por los poderes fácticos del crimen organizado, sindical y público son crímenes de conciencia del Estado mexicano que dejan en estado de indefensión al mensajero.
La transición en Veracruz no es una garantía que salvaguarde la libertad de expresión. Su retórica populista y profética con la defenestración de la prensa, con la excepción de sus incondicionales, es parecida con la actitud que sostiene Donald Trump, presidente de EU, con los medios de comunicación.