En México es muy complicado el combate contra la corrupción, a pesar del marco normativo vigente considerado uno de los más avanzados en su tipo, y de las instituciones creadas para abatir al máximo esa lacra social. Pero la realidad demuestra serias dificultades, como lo observamos en los largos procesos para demostrar la culpabilidad de los infractores, el caso del ex gobernador de Nuevo León, por ejemplo, a casi dos años desde que salió del cargo, hasta ahora la Subprocuraduría Anticorrupción informa que encontró elementos para imputarle al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cargos por enriquecimiento ilícito, cuando durante su campaña el actual gobernador ofreció meterlo a la cárcel nomas tomara posesión. En Tabasco, el gobierno de alternancia encabezado por Arturo Núñez, apenas tomó posesión inició feroz persecución contra su antecesor Andrés Granier, ya en prisión al igual que su tesorero; pero a Núñez le quedan dos años y ni la interpol localiza a los ex secretarios de salud y de educación. Estas referencias no conceden mucho optimismo a los veracruzanos porque a Yunes Linares le quedan 19 meses y aquí los cómplices de Duarte forman legión ¿escaparán al rigor de la justicia?