Redacción- 2017-04-1509:30:31- La CNDH reveló que estos hallazgos los hizo a pesar de la negativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de colaborar con la entrega de expedientes sobre las tumbas halladas en jales y pozos de minas. Entre agosto y septiembre de 2016, detalló, se pidió información al entonces procurador Alejandro Straffon, referente a las inhumaciones; sin embargo, el funcionario se negó a hacerlo.

De acuerdo con el Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, de la CNDH, la falta de colaboración de Straffon constituyó un obstáculo para que la sociedad mexicana pudiera conocer con claridad el problema.
Para elaborar el capítulo correspondiente al estado de Hidalgo la CNDH recurrió al monitoreo hemerográfico de publicaciones locales y nacionales.

Respecto de personas ausentes en la entidad, la CNDH destacó que con el argumento de que en el Código Penal de Hidalgo no está catalogada la desaparición forzada de personas, Cuauhtémoc Granados, subdirector de averiguaciones previas de la PGJE, informó que no había un solo caso registrado.

El argumento esgrimido por Granados, señala la CNDH, pone de manifiesto el desconocimiento de la norma penal vigente por el citado servidor público, pues ese tipo penal sí está contemplado en el ordenamiento jurídico aludido, en específico en el artículo 322 tercero.

Con información recabada de otras fuentes, la CNDH documentó que en los 20 años recientes, en Hidalgo se tienen registros de 491 personas desaparecidas, de las cuales 233 son hombres y 258 mujeres. De éstas, 220 eran menores.

La Jornada / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO