Para el ciudadano promedio, o mejor, para cualquiera con un céntimo de sentido común, parecerá increíble el que después de gastarse más de cinco mil millones de pesos de origen fiscal, o sea, dinero de todos, en la construcción del túnel sumergido bajo el río Coatzacoalcos, venga una empresa, invierta algunos millones de pesos para concluir la obra y ponga una tarifa de peaje durante 45 años, dizque para recuperar su inversión. Eso es legal, dice Julen Rementería, pero no es justo, dice Juan Pueblo.