Por más que la cantidad resulta estratosférica, a la población veracruzana no resulta extraño que el Orfis difunda que en el año 2018 el daño patrimonial ascendió a 18 mil millones de pesos. Pues durante el gobierno de la fidelidad eran claras las señales de la corrupción imperante al interior de la administración pública, iban desde las aportaciones de los excedentes petroleros remitidos por el gobierno federal, cuya entrega no exigía comprobación alguna de su aplicación, hasta las jugosas comisiones por entrega de contratos de obra o servicios. Aquel fue un auténtico robo en despoblado, que Duarte de Ochoa prosiguió en apego a la enseñanza recibida de su nada ínclito maestro.