Veracruz- 2017-04-2813:20:48- Laura Morales

Socios de la empresa Procesadora de Residuos Veracruzanos S. A., demandaron por presunto fraude al alcalde panista de Medellín, Luis Gerardo Pérez Pérez.

Esta compañía recibe la basura de Medellín y Boca del Río, y la legislatura local y el gobierno estatal anterior aprobaron pagar una supuesta deuda de 14 millones de pesos con un terreno público, sin embargo, Roberto Rocha, socio de la empresa, dijo que desconocen al respecto.

La denuncia se interpuso ante el Juez Cuarto de Distrito y la Fiscalía General del Estado incluyendo a la síndica Betzabé Solís Neri y los representantes legales de su empresa Julio Marquínez Fernández y Juan Carlos Marquínez Fernández.

El terreno mide 10 mil metros cuadrados, se ubica al lado del fraccionamiento Las Palmas en la carretera de Playa de Vacas.

“Esto se hizo en la pasada Legislatura, la presidenta era Octavia (Ortega), es la que firma el acuerdo y este acuerdo es totalmente ilegal, entonces estamos investigando el objeto del fraude porque si bien es cierto que el Ayuntamiento de Medellín le debe a la empresa también es verdad que el reconocimiento de 14 millones no sabemos de qué es porque además los representantes legales de la compañía no nos han dicho a nosotros los socios que es lo que está pasando con esa situación”, subrayó.

Explicó que por principio no se puede pagar una deuda pública a una empresa privada que presta un servicio con un inmueble propiedad del municipio.

Por ello demandaron afín que no recaigan responsabilidades fiscales sobre los socios ya que no autorizaron nada.

“Al vincularse un hecho fraudulento como sería el pago de un terreno propiedad del municipio que es del orden público, incorporarlo al orden privado nos pone en riesgo y en total indefensión a los que somos socios porque esto es un fraude ya que no hubo siquiera un acta de asamblea que nos este autorizando la situación”.

Diariamente, “El Guayabo” que se encuentra en la comunidad de Los Robles, recibe alrededor de 400 toneladas de basura, 320 de Boca del Río y de Medellín 80 más.

Confió en que el juez federal y la mesa 11 de la Fiscalía Regional del Estado adscrita a la FGE, den respuesta a las demandas interpuestas.

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