Xalapa- 2017-04-0611:47:45- Rosalinda Morales

Este jueves entró en vigor el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, de acuerdo con el Decreto firmado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que se publicó la noche del miércoles 5 de abril en el número extraordinario 136 de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado.

El Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas se crea como un órgano desconcentrado de la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz, encargado de atender las necesidades de los pueblos y comunidades originarias, conforme a lo dispuesto en la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz.

El mencionado decreto consta de tres capítulos y 10 artículos así como 10 artículos transitorios y establece que para los efectos del presente Decreto, se

entenderá por indígena a la persona originaria de alguno de los pueblos y comunidades a los que se refiere el artículo 6 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz, que adquiera conciencia, acepta su identidad y se reconoce a sí misma como indígena. También establece que el instituto tiene por objeto coordinar, promover, participar, coadyuvar, instrumentar y operar mecanismos de coordinación con las distintas organizaciones o grupos indígenas para la atención a los programas y acciones encaminadas a promover el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

La sede del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas tendrá su domicilio en Xalapa y se declaran de interés social las actividades que desarrolle el instituto, para la satisfacción de su objeto. Asimismo, se indica que el instituto tendrá como funciones, para el cumplimiento de sus objetivos, impulsar las políticas relacionadas con investigación, así como la difusión cultural y artística indígenas; buscar la integración armónica de las tradiciones, preservando las culturas indígenas y populares; fomentar la participación ciudadana en materia de derechos y culturas indígenas; establecer y coordinar las relaciones con entidades, dependencias y organismos públicos de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de su objeto; y fomentar, coordinar y concertar la celebración de convenios de coordinación y colaboración, respectivamente, con instituciones públicas y privadas, ya sean locales, nacionales o internacionales, para el cumplimiento de su objeto, particularmente con las dedicadas a la protección de los derechos humanos. También debe promover acciones tendientes a mejorar las circunstancias de carácter social, dirigidas a la protección de las comunidades y pueblos indígenas; establecer mecanismos para el acceso a la protección del Estado, que garanticen el respeto a la población indígena y a sus pueblos, así como a sus usos, tradiciones y costumbres; impulsar el desarrollo económico, así como humano de los pueblos y comunidades de indígenas; fomentar la implementación de medidas eficaces, en consulta con los pueblos indígenas interesados, para eliminar los prejuicios y la discriminación; promover políticas públicas con la finalidad de garantizar la conservación de las lenguas indígenas; promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los sectores de la sociedad; y las demás que le atribuyan expresamente las leyes del Estado, este Decreto y demás disposiciones aplicables.

En los artículos transitorios se establece que los actos y procedimientos administrativos iniciados por la Subsecretaría de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Desarrollo Social y sus respectivas Direcciones, que cambien de denominación o adscripción continuarán su trámite, hasta su conclusión por las áreas de nueva denominación y de funciones equivalentes del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas.

También se establece que el instituto deberá contemplarse en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal que corresponda y que la creación del órgano desconcentrado a que se refiere el presente Decreto, deberá sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales que autorice para ello la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como la Contraloría General del Estado.

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