El diario Reforma publica en su columna Templo Mayor que: “vista la seriedad y profundidad de la investigación de Estados Unidos contra Tomás Yarrington, más de uno se pregunta si la Procuraduría General de la República (PGR) realmente quería aprehenderlo. Si bien la dependencia que encabeza Raúl Cervantes ofreció en noviembre una recompensa de 15 millones de pesos, México se limitó a investigar a Yarrington hasta 2005, sólo en lo que tiene que ver con Tamaulipas y cuando emitió la ficha roja de captura, fue tipo parchís. En cambio el FBI tiene documentados delitos hasta 2013, tanto en Texas como en nuestro país. De hecho en el juez italiano que decidirá la extradición tendrá mucho peso qué país plantea un castigo mayor. Por las acusaciones mexicanas, a lo mucho, al ex priista le darían 20 años de cárcel. Y eso suena a nada ante las dos cadenas perpetuas más 90 años que le esperan en una cárcel norteamericana… Ante esto, no faltan quienes se cuestionan si el interés de la PGR por traer al ex priista es realmente por un afán de justicia… o por mera precaución sobre en dónde y en qué tono quieren que cante el ex Gobernador. Porque no es lo mismo soltar la sopa en México que en Estados Unidos. Evidentemente, Tomás Yarrington no actuó solo ni de manera aislada al asociarse con el narcotráfico. Su red de complicidades tuvo que ser muy amplia”.