Redacción- 2017-04-0610:24:51- La falta de transparencia del gobierno mexicano para hacer públicos los nombres de los funcionarios que presuntamente recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht no ayuda a que haya claridad sobre un caso en el que el país se ha mostrado a la zaga de investigaciones en otras naciones, aseguró a La Jornada Jordy Herrera Flores, ex secretario de Energía y uno de los personajes que, en versiones extraoficiales, ha sido mencionado entre los receptores de los pagos ilegales.

Lo ideal sería que se conocieran mañana los nombres de los funcionarios o ex funcionarios que son investigados y asuman sus responsabilidades, dijo Herrera Flores, quien rechazó tajantemente estar involucrado de cualquier forma , directa o indirecta en los sobornos que, según una acusación en Estados Unidos hizo la firma brasileña para obtener contratos en México.

Mientras no se conozca los nombres todo es especulación, agregó el ex funcionario.

Hasta ahora, México es uno de los países involucrados en la red de pagos de sobornos de Odebrecht, caso en el cual no han sido consignados los presuntos culpables, como publicó La Jornada este miércoles.

Ayer mismo Petróleos Mexicanos (Pemex) hizo público que el lunes pasado fue notificado por la Procuraduría General de las República (PGR) para que comparezcan diversos funcionarios y ex funcionarios de la empresa petrolera en calidad de testigos en la investigación relacionada con los sobornos.

De manera extraoficial se conoció que son 15 las personas que fueron citadas por la PGR.

Al respecto, Jordy Herrera, ex secretario de Energía y ex presidente del Consejo de Administración de la ahora empresa productiva del Estado, aseguró que hasta el momento no ha sido requerido para comparecer ante ninguna autoridad judicial.

El 22 de diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso al descubierto una red internacional que permitió a la empresa constructora brasileña obtener contratos en más de 100 proyectos en 12 países, entre ellos México, por los que pagó sobornos por 788 millones de dólares, según un documento de la fiscalía de Nueva York.

Según ese documento, entre 2010 y 2014 Odebrecht pagó en México sobornos por alrededor de 10.5 millones de dólares a funcionarios para asegurar contratos de obra pública. Estos pagos le generaron beneficios por más de 39 millones de dólares. Particularmente, en octubre de 2013 acordó pagar sobornos a un funcionario de alto nivel de una empresa estatal a cambio de ser ayudada para obtener un contrato. Entre diciembre de 2013 y finales de 2014 pagó 6 millones de dólares en sobornos mediante una división de operaciones estructuradas, según el documento estadunidense.

La Jornada consultó este miércoles a funcionarios de la oficina en México de Odebrecht sobre el curso de las investigaciones por los sobornos presuntamente pagados a los funcionarios mexicanos. La empresa declinó hacer comentarios oficiales, pero dijo que en los próximos días hará publica su posición.

Mientras tanto, voceros de Braskem Idesa, también consultados por este diario, no fijaron una posición pública, pero ofrecieron proporcionar información en los siguientes días para aclarar la posición de Braskem Idesa sobre las insinuaciones (falsas) que han circulado de estar involucrada con temas de Odebrecht. Las fuentes de Braskem señalaron: no somos una afiliada o subsidiaria de Odebrecht, somos indirectamente del mismo grupo económico pero con otro negocio y otra gestión.

Contratos bajo la lupa

Son cuatro los contratos que Pemex mantiene vigentes con la firma brasileña Odebrecht, firmados entre el 19 de febrero de 2010 y el 12 de noviembre de 2015, de acuerdo con información de la empresa mexicana.

Uno de ellos, mejor conocido como el proyecto Etileno XXI, es del 19 de febrero de 2010. Se trata de un contrato por medio del cual Pemex Gas y Petroquímica Básica suministra etano para la elaboración de polietileno, materia prima fundamental para la industria petroquímica. Los inversionistas en ese proyecto son Brasekem, subsidiaria de Odebrecht, y Grupo Idesa, una asociación entre la firma brasileña e inversionistas mexicanos (joint venture).

Un segundo contrato, celebrado el 15 de febrero de 2014, está relacionado con el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales de la refinería Miguel Hidalgo Tula 1. En este caso, el contratante es Pemex Refinación y la constructora Norberto Odebrecht. La operación fue por mil 436.4 millones de pesos.

El tercer contrato, entre la petrolera mexicana y la firma brasileña fue por adjudicación directa y está relacionado con el desarrollo de la fase 1 del proyecto conversión de residuales de la refinería de Salamanca y fue firmado el 6 de noviembre de 2014 entre Pemex Refinación y las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Ica Fluor Daniel y Fluor Enterprises. La operación contratada fue por un monto de 84.7 millones de dólares.

En este tercer contrato se incluye un compromiso entre las partes para no participar en actos de corrupción, incluido el cohecho de servidores públicos.

El cuarto contrato, fechado el 12 de noviembre de 2015, corresponde a la construcción de accesos y obras externas para el aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo, Tula II. Fue firmado entre Pemex Transformación Industrial y la constructora Norberto Odebrecht. El monto de este contrato es de mil 811.6 millones de pesos.

ODEBRECHT Y VERACRUZ

En agosto de 2011 Marcelo Odebrecht, entonces dirigente de la firma brasileña, se reunió en Sao Paulo con el exmandatario veracruzano, Javier Duarte, para cerrar una inversión en el estado por 3 mil 500 millones de dólares para el proyecto Etileno XXI, la mayor planta petroquímica de América Latina.

La planta inició operaciones en abril de 2016, cinco años después de que Odebrecht se reunió con Duarte para acordar la inversión millonaria que finalmente ascendió a 5 mil 200 millones de dólares.

Pero éste no fue el único proyecto que la empresa brasileña emprendió en Veracruz con apoyo del gobierno estatal. También en 2011, Odebrecht acordó con autoridades locales la construcción de una hidroeléctrica en la zona de Jalcomulco, en los cauces del río La Antigua con una inversión inicial de 450 millones de dólares.

El contrato establecía una sociedad empresarial entre el gobierno de Veracruz y el grupo brasileño para captar y almacenar agua del río La Antigua y una de sus ramificaciones, el río Pescados.

En 2013, el gobierno de Duarte firmó un contrato de prestación de servicios para abastecimiento de energía eléctrica por 25 años con la empresa brasileña.

A la fecha, pobladores de la comunidad de Jalcomulco se oponen al proyecto.

Pero justo cuando Odebrecht enfrentaba un proceso en Brasil por un escándalo de corrupción, en Veracruz ganó en agosto de 2015 obras del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano y una concesión de operación de 30 años para abastecimiento de agua en la región Veracruz-Boca del Río-Medellín.

En marzo de este año, cuando Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de cárcel en Brasil por diversos actos de corrupción, el alcalde de Veracruz dijo a medios locales que la empresa brasileña estaba en contacto con el entonces gobernador, Javier Duarte, para definir la situación de la concesión para el manejo de agua de los municipios de Veracruz y Medellín.

Finalmente, Veracruz informó que la concesión continuaba porque la filial en México era independiente de los asuntos de Brasil.

La Jornada / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO