Maltrata- 2017-04-1715:03:39- Jorge Galindo/ Tan solo 204 millones de pesos destinados el año pasado al Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, PESA, deberán ser devueltos o completados en favor de cientos de familias veracruzanas, tras la aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, de acuerdo a la exigencia de familias de comunidades rurales de la región, dio a conocer el presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, CIMA, Graciano Illescas Téllez.

Quien fuera director de Fomento Agropecuario en tres municipios de la región, sostuvo que tan solo del PESA, a través de Despachos contratados se intentó aterrizar programas por un monto de 4 millones de pesos destinados a Xoxocotla, Soledad Atzompa y Aquila, los cuales en este caso llegaron incompletos, fecha en que aún les adeudan a 400 productores poco más de 900 mil pesos.

Se trata de recursos económicos gestionados del PESA gestionado desde el año 2015 y el cual debió ser entregado en 2016 a las diferentes comunidades donde fueron validados, pero que a la fecha está desaparecido.

“Para otras regiones o municipios el dinero total no llegó. Se trata de 204 millones de pesos que envió la federación a través de la Sagarpa; fueron hechos llegar al gobierno de Veracruz y el siguiente paso era canalizarlo porque se contrataron 22 despachos conformados por profesionistas que trabajan en el campo y que fueron cuestionados por los campesinos porque el dinero a pesar de haberse aprobado no se les entregó”, indicó.

La prueba más clara de la irregularidad, sostuvo, es que cuando un Secretario de una dependencia estatal detiene recursos y es cuestionado por los agraviados y el Gobernador guarda silencio, es porque la acción la comete con su autorización. Cuando es una orden del Gobernador y no lo remueve es obvio que es el artífice de la corrupción.

En esta región, el Despacho que capacitó y organizó a campesinos, convocó a feria de proveedores y los campesinos entregaron copia de credencial de elector y documentación, recibió las quejas e inconformidades de manera directa. “Hicimos un trabajo amplio de que debíamos hacer un esfuerzo adicional y ya que nos habían formalizado por escrito que los recursos estaban listos para su ejecución el dinero nunca llegó”.

“Ya está en manos de la justicia el ex Gobernador ahora los campesinos que se dicen agraviados deben exigir el dinero que les corresponde y en eso también voy a apoyar porque existe documentación y ver de qué manera coordinar con el nuevo gobierno que no se hagan proyectos nuevos con otros grupos, si no que se rindan cuentas a las personas que el gobierno anterior les falló”, dijo Graciano Illescas.

El Gobernador, aclaró, tiene un gran reto porque es un gobierno de dos años, esperemos que se haga justicia, a mí me seria indiferente que se quede en la cárcel o que tenga cadena perpetua, pero su familia será estigmatizada, mi respeto a su familia, pero el dinero que tenía que haber llegado a los campesinos, mujeres indígenas y quienes tienen problemas de salud es donde tiene que llegar cuando se recuperen los montos desviados.

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