El caso de Nayarit solo ratifica el grado de corrupción que permea en la clase política mexicana: un gobernador que supuestamente ignora que su Fiscal General es narcotraficante, que “no” se entera de las transas de sus colaboradores en Obra Pública asignándose contratos multimillonarios, como lo revela la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿A quién podrá convencer el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda,  cuando le pregunten por qué no se procedió contra el famoso “Layín”, Hilario Ramírez Villanueva, alcalde de San Blas con licencia, con observaciones de auditoría no solventadas por decenas de millones de pesos? Todavía más, ¿quién da cuerda a “Layín” en su candidatura al gobierno? Y por eso estamos como estamos.