Definitivamente, algo sucede con la Fiscalía General en cuyo diseño la Ley concede autonomía respecto de cualquiera otra autoridad; pero en los hechos esto último no ha acontecido ni en tiempos de Duarte de Ochoa ni ahora con Yunes Linares.  O la Ley padece deficiente redacción que permite el desajuste o la función del ministerio público en esencia debe estar supeditada al titular al Poder Ejecutivo. Aunque en el presente caso esa supeditación pudiera tener origen en la etapa de aprendizaje intensivo del titular de la Fiscalía, y a condicionantes de tiempo y circunstancias, porque el reto que implica procesar un gran número de carpetas de investigación no es menor, más aún con la obligación y permanente presión de no “regarla”.