Mientras en los medios de difusión se utilizan espacios para debatir acerca del problema social en el que se ha convertido el robo de gasolina por los “chupaductos” o “huachicoleros”, los moradores de las poblaciones cercanas a los sitios en que se produce ese robo no aciertan a comprender por qué no se captura a los malhechores a quienes todo mundo conoce. Aparentemente, la autoridad “desconoce” el paradero de quienes lucran con la venta de combustible extraído ilícitamente de los ductos; pero alcaldes y gobernadores “ni ven ni oyen”, con el cuento de que es un delito federal y le corresponde a la federación resolverlo.