Xalapa- 2017-05-1018:36:59- Jesús Ruiz/ Aunque la Procuraduría General de la República solicitó el desafuero del alcalde de Castillo de Teayo, Enrique Isidro Dimas, a los diputados del Congreso del Estado antes de ejercer acción penal en su contra, en sesión privada los diputados locales decidieron no avalarlo.

La solicitud de suspensión y en su momento revocación de mandato del presidente municipal es consecuencia del despido injustificado de 37 ex trabajadores en los que incurrió la administración municipal y la no reinstalación de los mismos pese a que ganaron un laudo.

En una sesión privada, los legisladores aprobaron el dictamen de la comisión Instructora, que iba en sentido negativo a la revocación del mandato de Enrique Isidro Dimas.

Cabe señalar que la solicitud fue promovida por la Síndica de dicho municipio, Martha Guadalupe Caballero Serrano, quien acusa al alcalde del incumplimiento de un deber legal al negarse a reinstalar a 37 ex trabajadores.

Hay que recordar que el munícipe despidió a dichos empleados sindicalizados al iniciar su administración, impidiéndoles la firma del libro de asistencia y el acceso a sus áreas de trabajo, con el objetivo de retirarles sus plazas.

Posteriormente, pese a que el juez Decimotercero de Distrito otorgó una suspensión definitiva a los empleados afectados para reincorporarse a sus áreas de trabajo y recibir sus sueldos retenidos, Enrique Isidro Dimas ordenó a sus subalternos no acatar el fallo.

Ante la violación de la suspensión definitiva los hechos se denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la parte afectada, debido a que el munícipe incurrió en un delito federal previsto en el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo al no respetar la resolución.

Dicho delito es sancionado con una penalidad de 3 a 9 años de prisión, destitución inmediata e inhabilitación para ocupar un cargo público por el mismo periodo.

En 2014 la autoridad ministerial federal inició una averiguación previa penal 115/2014 y concluyó con la consignación del alcalde, así como la declaración de procedencia o de desafuero en contra del munícipe previo a ejercer acción penal en su contra, solicitándola a la Legislatura estatal.

Sin embargo, ante dicha resolución el alcalde tramitó un amparo, mismo que sigue sin resolverse por parte de las autoridades.

Así, el caso sigue en la Junta de Conciliación y Arbitraje, puesto que aunque un juez pidió separar del cargo al edil antes de proceder penalmente, no le quitó al presidente municipal sus Derechos Políticos y sigue fungiendo como presidente municipal.

Debido a que el proceso sigue abierto, la comisión Instructora determinó que no procedía la revocación del mandato, a espera de una resolución final.

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