Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez
18 de mayo de 2017
*Indagan placas de hermanos
*Negociará delitos imputables

TODO PARECE indicar que el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa no esperará a que el Gobierno mexicano le siga acumulando delitos –entre otros, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada por los miles de desaparecidos en su Gobierno y los periodistas asesinados cuyos casos siguen encubiertos por la impunidad-, y antes de que concluya el plazo de 60 días que el Tribunal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dio a la administración peñista para solicitar la extradición formal del ex mandatario, este estaría optando por ser retornado al País donde, al parecer, sería ingresado al Reclusorio Norte y no, como se espera, en un Penal de Alta Seguridad dado la gravedad de los ilícitos que le acreditan como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Duarte se queja de que ha recibido malos tratos en la prisión de Matamoros, donde se encuentran cautivos miembros de la llamada Mara Salvatrucha, quienes lo han amenazado con abusar, incluso, sexualmente de su persona, en tanto que los alimentos de la prisión ya le han provocado diarreas y vómito.

POR ELLO, la mañana del miércoles fue llevado de urgencia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de aquel País donde lo valoraron clínicamente, ya que presentaba problemas gastrointestinales que se le han agudizado, lo que atribuye a la mala alimentación que recibe, él, que estaba acostumbrado a las grandes viandas en los mejores restaurantes del País –que no por ello son los más higiénicos-. A Duarte, desde su captura e ingreso en prisión el pasado 15 de Abril en Guatemala, concretamente en el balneario de Panajachel, en el departamento de Sololá tras sostener un encuentro con sus hijos, esposa y suegros en lo que, al parecer, fue una entrega pactada ya que después de aquello ni su conyugue ni los padres de ésta serán procesados a pesar de que anteriormente la Procuraduría General de la República había dicho lo contrario. Vamos, tan fue un acuerdo cupular que tras la detención, la familia política de Duarte, además de sus descendientes, abandonaron el País con rumbo a Inglaterra, y desde entonces se desconoce su paradero.

EL EX GOBERNADOR se encuentra solo, separado de la familia más cercana, sin privilegios, alejado de su País –que lo repudia mayoritariamente- y una amenaza constante de sus vecinos, y la cárcel, dicen los expertos, dobla a cualquiera, y acaso por ello el ex Mandatario ha externado a sus abogados la intensión de regresar cuanto antes a México, donde a pesar de todo el Gobierno Federal sigue siendo priista, lo que le daría ciertas ventajas. Duarte, por lo pronto, ha sido examinado clínicamente, y hasta donde trasciende, se encuentra bien de salud salvo los trastornos gástricos que podría ser producto de una colitis agudizada por los conflictos que enfrenta, y que bien sabe que no cesarán en corto tiempo ya que por lo menos le esperarían en México 20 años de prisión, independientemente de un gobierno yunista que a través de la Fiscalía Especial sigue investigando a sus hermanos, a quienes se acusa de ser propietarios de hasta 500 juegos de placas para taxis, algunas producto de la “donación” del ahora detenido y otras conseguidas tramposamente, usando documentación de personas humildes a quienes pagaban pingues sumas por prestarse a un juego que solo les beneficiaba a ellos.

SE SABE que dentro del Programa del Reordenamiento del Transporte, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha ordenado una investigación a fondo que determine como fue monopolizado el servicio público de taxis y otros rubros como urbano y suburbano, ya que la mayoría de concesiones se encuentran en una solas manos, por lo que sería oportuno que muchas de estas fueran canceladas tomando en cuenta que en Xalapa hay más taxis que autos particulares, lo que provoca un grave riesgo de contaminación pues la mayoría de las unidades ni siquiera cuentan con verificación. En ese contexto, hay quienes consideran que si el mandatario Estatal desea trascender, debería proceder a cancelar la mitad de concesiones no solo de la capital, sino en todo el Estado donde el servicio se concentre en cuantas personas.

SABE JAVIER Duarte que si prolonga su estancia en Guatemala dará pie a que la Federación le acumule más delitos, algo que lo ataría una vez que arribe a tierras nacionales, pues no es lo mismo combatir con amparos la delincuencia organizada que enfrentarse a denuncias como crímenes de lesa humanidad, entre otros, desapariciones forzadas cometidas por elementos policiacos, como ha quedado de manifiesto con la detención y vinculación a proceso del ex comandante de la Secretaría de Seguridad Pública (alguna vez nombrado el mejor policía del Estado por el propio Duarte), Alfonso Zenteno Pérez, inicialmente procesado por pederastia y, posteriormente por la desaparición de tres personas, aunque hay otras indagaciones abiertas por la desaparición de 19 personas en Potrero Nuevo, municipio de Atoyac, el 2 de agosto de 2013, lo que, al parecer, involucra a seis personas más cuyos nombres son reservados por la Fiscalía General del Estado.

HAY VERSIONES que al menos cuatro ex funcionarios de Javier Duarte, algunos con fuero de diputados Federales ya negociaron su libertad tras aportar información –y en otros casos devolver parte de lo saqueado-, lo que ha enriquecido las indagatorias de la PGR en contra del ex Gobernante que acaso, antes de que se cumplan los 60 días de su comparecencia ante el Tribunal de Guatemala, el próximo 19 de Junio, pudiera estar en el País enfrentando las acusaciones que le enderezan.

COMO FUERA, Duarte no desea permanecer mucho tiempo en Guatemala, consciente de que, aunque así lo decidiera, aquella Nación lo entregaría en extradición con la variante de que los delitos que le imputarán ya no serán solo por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino otros que pudieran llevarlo, incluso, a un prisión de máxima seguridad como el Altiplano, donde a decir verdad, vivirá las de Caín. Por ello el interés de ser retornado a territorio nacional sin mayores trámites, negociando, por lo pronto, los delitos por los que sería juzgado. Así de simple. OPINA carjesus30@nullhotmai.com