Línea Caliente
Por Edgar Hernández
30 de mayo de 2017

¡Contará con el manto protector hasta el final del sexenio de Peña!

Los acuerdos de Duarte con Bucareli:

La devolución del casi total del dinero saqueado; una condena carcelaria no mayor a  ocho años para que quede libre en cuatro; no incriminar a su esposa, suegros, cuñados, madre y hermanos y mantener en secrecía información comprometedora y videos clasificados que hunden a políticos de alto rango federal que en modo alguno podrían alterar el curso de la sucesión presidencial.

Eso fue lo pactado en lo general.

Es lo que presuntamente platicaron Javier Duarte y Miguel Angel Osorio previo al tongo montado en Guatemala el 15 de abril pasado en donde en aparatoso operativo, narrado en vivo y a todo color por el locutor oficial del gobierno Carlos Loret de Mola, se detuvo a un tranquilo y hasta sonriente Duarte.

Esos fueron los términos, según confirma y desliza el propio equipo Duartista no del todo conforme ya que salvo los diputados federales y estatales que gozan con fuero, el resto quedó inerme… ¡En las garras del lobo!

En paralelo fuentes de la Secretaría de Gobernación confirman a este reportero que si bien la cancillería mexicana dispone hasta el 11 de julio para presentar el expediente incriminatorio contra el ex gobernador veracruzano, será hasta después del 4 de junio cuando lo remitan por la vía diplomática habida cuenta que su exposición previa contaminaría las elecciones en el Estado de México y Veracruz.

En cuanto a la visita de Estado del presidente Enrique Peña a Guatemala para dialogar con su par, Jimmy Morales, ésta se pospuso ante la percepción que provocó en el imaginario colectivo el tema Duarte.

¿Qué otro motivo animaría la visita presidencial al país vecino que no fuera por el escándalo internacional provocado tristemente por el peor gobernador que ha tenido Veracruz?

Tocará consecuentemente al ámbito diplomático, con auxilio de la PGR, armar la carpeta incriminatoria contra Javier Duarte que, según se ha comentado, está incompleta.

Está muy a modo en razón de que -según la versión oficial-  los expedientes de la Auditoría Superior de la Federación aun no cierran al 2016, fin de la gestión del ex gobernador señalado.

La realidad indica, sin embargo, que hay un acuerdo pactado de no cargarle toda la mano al muerto… por conveniencia mutua.

Habrá que tener presente que Duarte fue aprehendido en Guatemala el 15 de abril. El 24 del mismo las autoridades de ese país notificaron a México que disponían de 60 días para solicitar formalmente la extradición a pesar de que el lineamiento legal era la deportación ya que su entrada a territorio así fue, ilegal.

Los 60 días para la extradición se cumplen el 7 de julio, sin que aun exista trámite de por medio lo cual lo pondría eventualmente en libertad. Ello, sin embargo, no sucederá ya que por las implicaciones y complicidades políticas al más alto nivel hubo necesidad de considerar con mucho cuidado los términos de las acusaciones.

Deberán ser cortoplacistas, de ayuda al priista por los priistas, sobre todo porque Duarte ha comprobado que posee información altamente comprometedora que haría tambalear al sistema político.

El dinero entregado a la campaña de Peña Nieto. Los negocios con una parte del gabinete. Los apoyos en efectivo al PRI nacional para siete estados priistas con elecciones en la famosa “Operación Zafiro”.

Los patrocinios millonarios a las campañas electorales de Puebla y Chiapas. Los espectaculares regalos a funcionarios de alto rango. El dinero entregado a Morena y, por supuesto, al PRI veracruzano para la sucesión gubernamental y las complicidades todas las complicidades que quedaron registradas en audios y videos altamente comprometedores.

Por ello hubo necesidad de negociar con Duarte su entrega y juicio, en el marco del diálogo y los acuerdos.

Así, en el tenor quedó lista la carpeta de acusaciones para que se produzca la extradición y sea juzgado en territorio mexicano, incluso con la posibilidad abierta –luego de la sentencia- de ser enviado a un hospital para que atienda sus depresiones, presuntos accesos de locura y trastornos mentales, herramienta que quisieron imponer en Guatemala.

La estrategia, sin embargo, no pegó.

Una pretendida evaluación siquiátrica que “científicamente” dejara en claro que Duarte estaba loquito y debería internarse fue rechazada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala que dijo nanay “ya que sus alteraciones mentales son consecuencia de las agresiones que sufre dentro del penal militar”.

Ya por lo pronto la firma “Del Toro Carazo Abogados” –la misma que defiende a Elba Esther Gordillo por operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada- se declaró lista la para defensa de Duarte en territorio mexicano.

El tristemente célebre veracruzano ha sido denunciado públicamente por haber desviado 35 mil millones de pesos, cifra que aumentó a 45 mil millones según el último reporte de la ASF.

A ello se suma el desvío de mil 600 millones por empresas fantasma y otros negocios múltiples en aportaciones y donativos internacionales para temas de salud, educación y protección del medio ambiente.

Y fueron -según la PGR- 69 personas entre familiares, colaboradores y amigos quienes participaron en el negocio del siglo de Javier Duarte considerado el mayor ladrón del mundo.

Al paso de los días tras la deportación se irá observando que hace su abogado Pablo Campuzano de la Mora, que tiene atrás a los acreditados despachos jurídicos –aparte del citado- Aguilar Zinser y Gomez Mont.

La firma “Del Toro Carazo”, ha trascendido, le está cobrando a Duarte por la defensa 100 millones de pesos.

Son muchos los dineros en juego, muchos más los intereses en riesgo, así como la gente involucrada, como para que el centro de poder se arriesgue a que el gordo cante.

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo