Fue premonitoria la visión de Ernesto Zedillo al reformar el artículo 21 de la Constitución General para otorgarle a la Función de Seguridad Pública rango constitucional, una función de Estado a cargo de los tres órdenes de gobierno. Pero ni en tiempos de Fox, Calderón y Peña Nieto se logró convencer a gobernadores y alcaldes para unificar esfuerzos en el combate a la delincuencia. Miles de millones de pesos fueron presupuestados para que los gobiernos estaduales y municipales implementaran programas de capacitación policiaca, pero, está visto, nada funcionó, y en Veracruz tenemos pruebas contundentes del fracaso. La consecuencia: el registro de los “peores niveles” de asesinatos desde 2011, según el semanario inglés The Economist. La pregunta con respuesta obvia ¿por qué si en 2006 había un reporte de 213 tomas ilegales de gasolina, en la actualidad hay más de 6 mil? Grave omisión de los gobiernos estatales y municipales.