Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez
22 de mayo de 2017

*Urge regresar lo robado
*Más crímenes y plagios

YA HAY quienes comentan que “estábamos bien cuando andábamos mal”, ya que por lo menos en materia de seguridad, los primeros cinco meses de Fidel Herrera y Javier Duarte –pese a que 2011 está considerado el año más violento en lo que va de esta década-, no fueron tan cruentos como el arranque de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando ya suman 488 ejecutados, esto es, crímenes dolosos que aunque fueran entre bandas delincuenciales –como esgrime el gobernante en turno-, no dejan de preocupar porque a decir verdad, no todos corresponden a esa tesitura, y si a secuestros cuyos rescates no fueron pagados, levantamiento de mujeres con fines de trata o porque, simple y llanamente, le gustó cierta dama a un líder criminal o se pago el derecho de piso, y en ese tenor la violencia se incrementa de manera exponencial aunque, seguramente, el oriundo de Soledad de Doblado echará la culpa a sus antecesores para no reconocer sus propios yerros, y menos en víspera de la elección de 212 alcaldes cuando desearía que la alianza PAN-PRD permaneciera inmaculada.

PERO LO cierto es que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en los primeros 151 días de Fidel Herrera fueron asesinadas 81 personas en todo el Estado, mientras que en ese mismo lapso de Javier Duarte de Ochoa aumentó a 116, pero con Yunes Linares, que se comprometió en campaña a resolver todos los problemas de inseguridad en los primeros seis meses de su gobierno, la cifra se ha disparado pero no solo en materia de ejecuciones sino en secuestros, extorsiones, robos de ganado y vehículos y asaltos en carreteras. En suma, con el mandatario actual esos acontecimientos de elevado en 175 por ciento más que la cifra registrada en el mismo lapso de Duarte, y 292 por ciento mayor que en el período de Fidel Herrera.

DESDE QUE asumió la Gubernatura, Yunes Linares ha culpado a Duarte y Fidel de la situación económica por la que atraviesa Veracruz, y acaso tiene razón; el saqueo orquestado por casi todos los funcionarios de la pasada administración fue indiscriminado, y pasarán muchos años para recuperar el rumbo, aunque las cosas serían más fáciles si a los ex funcionarios encarcelados por desvío y enriquecimiento ilícito les aplicaran la Ley de Extinción de Dominio mediante una compulsa entre sus ingresos y sus actuales propiedades, y el dinero recuperado fuera empleados para abonar a la deuda que dejó el ex Gobernante producto de aquellos latrocinios. Se trata de emplear esos recursos en lo que es, y no de andar donando inmuebles a instancias como la Casa de la Cultura de Tlacotalpan. Si ese bien fue adquirido con el presunto robo de Duarte a las arcas, debe venderse y el dinero ser aplicado a los débitos, concretamente a capital a fin de reducir el monto de la deuda.

DUARTE Y muchos de los funcionarios que le acompañaron en el saqueo de las instituciones deben pagar, pero no solo con cárcel sino devolviendo el producto de sus robos, pues de lo contrario no tendría caso mantenerlos en prisión donde, para variar, solo costarán a la sociedad que paga impuestos. El castigo más ejemplar sería quitarle lo saqueado y aplicarlo en beneficio de los veracruzanos, y el mayor logro sería reducir la hipoteca en la que ya se encuentran, incluso, los nacidos. Insistimos, en este tema si tiene razón el Gobernador, esto es, en el robo al que fue sometido el Estado.

PERO EN lo que no tiene razón, es en la creciente inseguridad que mantiene a la sociedad con el “Jesús” en la boca, y basta revisar los medios de comunicación para enterarnos que la cifra de 488 ejecutados en los primeros cinco meses de la administración , esto es, 122 homicidios mensuales en promedio o más de 4 diarios, podría ser solo una cifra tentativa considerando que muchos homicidios no son denunciados porque corresponden a desapariciones forzadas, cuerpos que aparecen en fosas clandestinas andando el tiempo. Veracruz, se quiera o no aceptar, es ya el cuarto Estado más violento del País, solo superado por Guerrero que ocupa el primer lugar, con 739 casos, el Estado de México, con 660; Baja California, con 556 y la Entidad con 488, seguido de Chihuahua, con 484. Sinaloa ocupa el sexto sitio con 465 casos, Michoacán, con 439; Jalisco, con 396; Guanajuato, con 350, y la Ciudad de México con 335; en suma, de trata de las 10 entidades que concentran el 63 por ciento de la incidencia de homicidios en el País, al acumular 4 mil 912 de los 7 mil 727 casos de homicidio ocurridos en el primer cuatrimestre del año. Y es que tan solo en Abril hubo 1 mil 948 homicidios dolosos; en Marzo, 2 mil 25; en Febrero 1 mil 826, y en Enero, 1 mil 928, lo que indica que la violencia sigue en aumento.

PERO NO solo crímenes violentos laceran al País, hechos a los que no es ajeno Veracruz, ya que el secuestro y la extorsión también tuvieron un repunte significativo, aunque en ambos casos aún están lejos de colocarse en la posición con mayor incidencia. En ese tenor, en el primer cuatrimestre de 2017 hubo un incremento del 10.7 por ciento en plagios con relación con el mismo periodo del 2016, y en el caso de la extorsiones el alza fue del 24.24 por ciento. En materia de secuestro el periodo con mayor incidencia fue Enero-Abril 2014, cuando se registraron 553 casos. En cuanto a extorsión, el peor año en la última década fue 2013 con una incidencia de 2 mil 576 casos.

INSISTIMOS: LA responsabilidad en materia de seguridad de los gobernados corresponde al Estado, y en este caso, una de las prioridades de los Gobernadores es combatir la inseguridad y garantizar la tranquilidad de los gobernados a fin de evitar que se detenga el progreso, que las inversiones se suspendan y que el empleo decline. Las cifras de la inseguridad en los periodos de Duarte y Fidel son insignificantes con lo que está viviendo en estos momentos en Veracruz, razón por la cual, el Gobernador debería tomar cartas en el asunto. Tal vez Fidel y Javier, como suele decir, o en última instancia los enfrentamientos entre la propia delincuencia tienen mucha responsabilidad, pero el Estado, sin mayores preámbulos debe garantizar a los Gobernados una convivencia pacífica, y asumir que si algo no está funcionando, debe cambiarlo pero no evadir su responsabilidad. Así las cosas. OPINA carjesus30@nullhotmail.com