Las circunstancias objetivas están poniendo en grave predicamento el marco normativo legal que nos rige, en tanto que la presunción de inocencia está dificultando la labor de las autoridades ministeriales oponiendo serias trabas a la administración de justicia. Al menos esa es la apreciación de los legos en la materia al advertir que quienes han cometido delitos graves libran la acción de la justicia por la obtención de un amparo; se les concede amparo no porque sean inocentes sino, tal pareciera, para poner a prueba la destreza de las fiscalías para ejecutar su trabajo. Es manifiesto que la presunción de inocencia es un principio que defiende al individuo frente a posibles arbitrariedades de la autoridad, que por cierto en no pocas ocasiones abusa del poder, pero hay casos, y en Veracruz abundan, en los que la prevaricación, el no cumplimiento del deber, fueron rasero común durante el duartismo y la legión de cómplices siguen libres porque consiguieron un amparo.