Veracruz- 2017-06-1211:29:22- Israel Hernández/El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se ha caracterizado por una implacable intolerancia a las manifestaciones públicas: en los primeros 6 meses y medio, la policía de su gobierno ha ejecutado 7 desalojos violentos en los que han resultado heridos una veintena de veracruzanos.

En al menos 3 casos ha utilizado a la Fiscalía General del Estado para acusar a los manifestantes por el delito de obstruir las vías de comunicación y proceder penalmente en su contra.

Aunque en el discurso gubernamental se habla de la apertura al diálogo, en el último hecho violento donde hubo intervención de la Secretaría de Seguridad Pública quedó de manifiesto la intolerancia policial y antes de hablar con los vecinos del fraccionamiento Costa Dorada, los agentes decidieron removerlos a golpes de la autopista Veracruz-Cardel.

En tanto las cifras de homicidios, secuestros, robos y extorsiones se mantienen e incluso en algunos casos se han disparado, la administración yunista ha volcado sus esfuerzos en neutralizar las protestas y movimientos sociales en vía pública.

LOS DESALOJOS

El 12 de diciembre del 2016, un grupo de policías antimotines de la SSP decidió arremeter contra un grupo de manifestantes de la organización civil ‘ARCO’, liderada por Topacio Citlalli Hernández Ramírez.

Los ciudadanos habían bloqueado la avenida Lázaro Cardenas de la ciudad de Xalapa, a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz, en protesta por adeudos y despidos injustificados de maestros.

En menos de 30 minutos, los elementos al mando de Jaime Téllez Marié violentaron a los manifestantes y detuvieron a Hernández Ramírez junto a 4 personas más que la acompañaban.

La FGE formuló acusaciones por obstruir una vía de comunicación y extorsión, por lo que la activista pasó un par de meses tras las rejas.

Apenas hace una semana, la organización ARCO tomó la avenida Enríquez, en Xalapa, dentro de una nueva protesta. Antes de que la fuerza pública interviniera, el alcalde Américo Zúñiga dialogó con Hernández Ramírez y la vialidad fue liberada.

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En Coatzacoalcos, la SSP ha servido para disolver dos manifestaciones por desapariciones forzadas y homicidios. La primera de ellas se efectuó el pasado 22 de marzo de este año, cuando familiares de Gustavo Ruiz Zárate, un joven taxista de 27 años, exigieron justicia por su asesinato.

La protesta se dio en las inmediaciones de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1, hasta donde los policías arribaron para quitar a los manifestantes.

Un mes después, el 27 de abril, la Policía Estatal violentó una protesta encabezada los familiares de Daniel Vázquez Ocaña, quien desapareció después de que fue detenido por sujetos armados. Ante la incertidumbre de no saber si fue una desaparición forzada o la ejecución de una orden de aprehensión, los familiares del joven bloquearon el puente Coatzacoalcos 1 durante una hora. Antes de dialogar, el gobierno ordenó la liberación inmediata a través del grupo de antimotines de la Policía Estatal.

Durante este operativo también resultó golpeado el reportero Sendic Aguirre, quien daba cobertura a los hechos.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

Cansados de las promesas y de los discursos del gobierno estatal, decenas de campesinos del municipio de Soledad Atzompa arribaron a la capital del estado para demandar la mejora de las carreteras en la región montañosa de Veracruz.

La falta de respuesta gubernamental generó que los trabajadores del campo bloquearan la avenida Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, lo que colapsó la vialidad en el Centro Histórico de Xalapa.

Después de que una comisión de manifestantes ingresó a dialogar con el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, cerca de las 3 y media de la tarde del 3 de abril de 2017, los policías de la SSP desalojaron a los campesinos con uso excesivo de la fuerza.

En la operación resultaron heridos al menos 3 veracruzanos que requirieron atención medica de urgencia a causa de los golpes que propinaron los policías estatales.

PREVIO A COMICIOS

En vísperas de la elección municipal de Veracruz, en la que finalmente resultó ganador Fernando Yunes Márquez, exsenador e hijo del gobernador del estado, la Policía Estatal no tuvo piedad para remover a un grupo de simpatizantes de la coalición PRI/PVEM que se apostó a las afueras del Organismo Público Local Electoral.

El 30 de mayo, un grupo de 50 personas que apoyaban a Fidel Kuri Grajales, candidato del PRI/PVEM, fueron desalojadas por los policías estatales en medio de una incursión violenta.

En el lugar de los hechos hubo una decena de heridos, tanto señoras como jóvenes simpatizantes del proyecto opositor a Yunes Márquez. Pese a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, ningún funcionario ha sido castigado por el abuso de autoridad.

Una situación similar se presentó el pasado 8 de junio en las instalaciones del OPLE en el municipio de Ixhuatlancillo, cuando oficiales de la Fuerza Civil liberaron las instalaciones para sacar los paquetes electorales y llevarlos a Xalapa. El enfrentamiento entre un grupo de ciudadanos inconformes con el resultado de la elección y policías también dejó un número indeterminado de heridos.

OTRA VEZ, CONTRA LOS CAMPESINOS

En la región de los Tuxtlas, la policía del gobierno estatal excedió su fuerza y golpeó a decenas de campesinos adheridos a la Organización del Gobierno Autónomo Indígena que mantenían bloqueada la carretera federal número 180.

Por la tarde del martes 6 de junio, la policía de Yunes Linares privilegió el uso de los garrotes y escudos para liberar la carretera en aras de permitir el libre tránsito del resto de ciudadanos.

Sin embargo, en videos y fotografías de los periodistas locales quedó en evidencia la actitud represora de la corporación: después de disolver el bloqueo, los policías persiguieron y golpearon a hombres y mujeres hasta conseguir su detención.

De acuerdo a los reportes, en el lugar hubo cerca de 10 heridos y 12 detenidos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para su vinculación a proceso.

El caso más reciente del uso de la fuerza policial se dio este sábado al norte del puerto de Veracruz, donde el grupo antimotines intentó disolver el bloqueo de la autopista Veracruz-Cardel.

La exigencia de la regularización del servicio de agua por parte de los vecinos del fraccionamiento Costa Dorada terminó en un enfrentamiento en el que los policías tuvieron amplia superioridad.

Una de las heridas fue la profesora Sonia Portugal, que a pesar de librar la detención por parte de la SSP, se llevó golpes en la espalda, rostro y brazos.

¿CONFORME A DERECHO?

Sobre este caso, Miguel Ángel Yunes dijo este domingo que la Policía Estatal actuó conforme a derecho, criminalizó a los manifestantes y reiteró que la FGE procederá legalmente contra los responsables de tomar la autopista. Asimismo, insistió en que no habrá tolerancia para quienes se manifiestan en la vía pública o bloqueen vías de comunicación, desde avenidas hasta carreteras.

La eficacia de la Policía Estatal en estos desalojos contrasta con su papel en el combate a los saqueos ocurrido entre el 4 y el 6 de enero en el puerto de Veracruz y otras ciudades.

Y dista, por ejemplo, de su actuación en el enfrentamiento armado entre grupos sindicalistas de Tenaris Tamsa, ya que a pesar de los 22 llamados de auxilio para que arribaran a la colonia Casas Tamsa de Boca del Río, su presencia fue tardía y no pudieron evitar la muerte de 2 personas y las heridas de una veintena más en la madrugada del 24 de marzo.

AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO