Desde el Café
Por Bernardo Gutiérrez Parra
23 de junio de 2017

Si Karime Macías pensó que por haber delatado a su marido iba a gozar de impunidad y protección toda la vida, qué equivocada se dio.

A pesar de que no está acusada de ningún delito porque durante el gobierno de Javier Duarte no fue funcionaria pública y no recibió un sueldo, tiene mucho que contar tanto a la PGR como al SAT.

El presunto desvío por 41 millones de pesos que habría cometido en su primer año al frente del DIF estatal, es apenas la punta de un iceberg que tiene una profundidad brutal.

El reportaje presentado este jueves en el noticiero de Carlos Loret de Mola da cuenta que el DIF de Karime otorgó contratos a empresas que sólo existieron en el papel como Grupo Balcano, Pefraco, Ravsan Servicios- Múltiples, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios Cerene y Anzara.

Están embarrados en el ajo Juan Antonio Nemi Dib, ex director general del DIF; Tarek Abdalá, ex tesorero del mismo Instituto; Astrid Elías Mansur, directora de grupos vulnerables y seis sujetos más. (Nemi fue el único que dio la cara y negó las acusaciones).

Si sólo eso fuera el monto de lo desviado, la ex primera dama habría rembolsado los 41 millones muerta de la risa e incluso con intereses. Pero hay más.

Y como hay más van a ir por ella.

No deja de ser sintomático que tras semanas de silencio en torno a su persona, Televisa haya aireado una demanda que el DIF interpuso ante la Fiscalía donde se acusa a Karime de malversar fondos públicos.

Esto quiere decir que pronto dejará su exilio para comparecer ante los tribunales en calidad de presunta delincuente.

¿Por qué tanta seguridad?

El gobierno federal está angustiado. La causa de su angustia han sido los casos de latrocinio y corrupción de al menos ocho gobernadores (casi todos del PRI). Además, la Casa Blanca, Ayotzinapa, Tlatlaya y el asesinato de seis periodistas en los últimos meses, fueron puntos negativos en las pasadas elecciones para el PRI que apenas obtuvo dos sufridas y poco convincentes victorias en el Estado de México y Coahuila.

Antes de los comicios, la Presidencia de la República había ideado una estrategia para dejar a su suerte a decenas de priistas corruptos. En el caso concreto de Veracruz iría sólo contra aquellos que a cambio de impunidad, le soltaron la sopa al gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

¿El motivo? Aparentar que ahora sí va en serio la acción de la justicia contra los corruptos y sumarle unos puntitos a la credibilidad presidencial.

Pero las cosas cambiaron las últimas 48 horas tras el escándalo de espionaje que dio a conocer el New York Times y que pulverizó la poca credibilidad que le quedaba al gobierno federal y a Enrique Peña.

Entonces se decidió que todos los priistas que tengan señalamientos judiciales los enfrenten como Dios les dé a entender. Ni el gobierno ni el PRI meterán las manos por ellos.

Entre quienes tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas están casi la totalidad del gabinete duartista, al menos siete diputados federales (Tarek incluido), dos locales y docenas de exfuncionarios menores.

Pero después de Javier Duarte, preso en un penal de Guatemala, la pieza más codiciada se llama Karime Macías. ¿Por qué dejarla de lado cuando varios testaferros de Javier la están señalado de ser la jefa de la banda? ¿Por qué cubrirla con el manto de la impunidad cuando esto puede ocasionar una hecatombe en el PRI veracruzano el próximo año que hay elecciones?, le habrían preguntado al Presidente y éste habría contestado: “De acuerdo, tráiganla”.

De ahí el reportaje en el noticiero de Carlos Loret.

De ahí que más temprano que tarde Karime pisará una celda en el penal de Pacho Viejo.

Veremos qué pasa.

bernardogup@nullhotmail.com