Ya se sabe que en materia electoral se legisla al ritmo que se suceden los procesos electorales, pues de cada uno de ellos surgen experiencias y reclamos circunstanciales que el legislador debe recoger para convertirlos en norma jurídica, atendiendo a la  actividad legislativa de la realidad. Del resultado de las dos últimas elecciones en que la suma de votos de quienes no alcanzan el triunfo es mayor a la de quien gana, sobreviene la necesidad de corregir ese desfase que desemboca en grave ausencia de representatividad, y una de las formas de resolverlo pudiera ser la llamada segunda vuelta. Otro tema más es el de la escasa participación, reflejada en un elevado abstencionismo, quienes de esto saben proponen que el votar se convierta en una obligación (a fuerzas) del ciudadano pues, señalan, es mucho el dinero público que se destina al fomento democrático. De paso, debiera imponerse a los partidos políticos la condición sine qua non de fomentar la participación ciudadana a cambio del recurso que reciben, si no, no, dijera el gallego.