Xalapa- 2017-06-1214:42:27- Leticia Cruz

El gobierno del estado de Veracruz, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, debe pronunciarse contra el proyecto del gasoducto aprobado para realizarse en Xalapa, Coatepec y Emiliano Zapata, y para beneficio empresarial privado, expuso en entrevista el académico de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández.

“El gobernador no puede callar ante una situación de esta naturaleza, se trata de una obra que privilegia intereses particulares y pone en riesgo la seguridad de la población, sobre todo cuando la población ni siquiera fue tomada en cuenta”.
Hasta el momento, el gobernador Yunes Linares no ha emitido pronunciamiento alguno en torno al proyecto de gasoducto que se contempla atravesará por los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec, y en torno al cual la población ha comenzado a ampararse, pues el cabildo xalapeño, encabezado por el alcalde priista Américo Zúñiga Martínez, aprobó la obra el pasado mes de mayo.

SE VIOLENTARON DERECHOS

Al respecto, el académico deploró que las autoridades xalapeñas hayan violentado el derecho de la ciudadanía de expresar su voluntad, en un tema que le afecta directamente, pues representa un riesgo.

En ese sentido, acentuó que la Constitución Federal y la del Estado de Veracruz, establecen puntos en torno a la consulta ciudadana para temas como el caso del gasoducto.

“Parece que hay que alfabetizar a los políticos para que se pongan a leer la Constitución de la República y la del Estado de Veracruz, porque hay figuras de consulta y participación ciudadana que no utilizan, que están como letra muerta, y que refleja la poca responsabilidad de las autoridades en muchos de los temas, incluyendo los de seguridad en términos no sólo del combate a la delincuencia, sino de seguridad de la vida en términos de instalaciones, empresas y actividades que ponen en alto riesgo a la población”.

El problema del gasoducto, acentuó Rafael Arias Hernández, además de las características que tiene el uso energético para beneficio particular empresarial, “es un problema de riesgo y de seguridad, por el que la población merece y tiene derecho de ser tomada en cuenta”.

Y es que deploró, la aprobación de la obra, hecha por el cabildo xalapeño, fue “en lo oscurito”, ponderando intereses privados y dejando de lado la seguridad y voluntad de la población.

“No es posible que se autoricen obras sin siquiera haber dado una amplia explicación de los alcances y consecuencias que puede tener el funcionamiento de esta obra”.

Ante ello, Arias Hernández dijo que es válido que la población ejerza sus derechos colectivos y proceda al amparo contra la obra del gasoducto, a cargo de la empresa Gas Natural del Noroeste.

“Los derechos colectivos deben ser garantizados y alentados, porque tenemos que aprender a utilizar las instancias para hacer valer los derechos”.

Además, el académico de la Universidad Veracruzana dijo que debe investigarse qué motivo a los “honrosos” y “ejemplares” gabinetes a nivel municipal, estatal y federal, para aprobar la obra del gasoducto a pesar de los riesgos que éste representa para la población, pues de fondo hay intereses que deben salir a la luz.

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