Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
21 de junio de 2017

Obligados por el vendaval de críticas a su manejo discrecional de los recursos públicos, los diputados locales del PAN han salido a dar cifras sobre lo que se gastan mensualmente en la LXIV Legislatura del Estado.

La presidenta de la Comisión de Administración y Presupuesto del Congreso local, la panista Mariana Dunyaska, detalló que la bancada de su partido tiene un “presupuesto” por el cual recibe un millón 600 mil pesos mensuales; a Morena se le entregan un millón 200 mil; al PRI, 900 mil pesos; al PRD 500 mil; y a los independientes 80 mil pesos para que financien su actividad legislativa. En total, las fracciones parlamentarias reciben cuatro millones 280 mil pesos para “operar”.

Mariana Dunyaska aseguró que de esos recursos, su partido destina 600 mil pesos para el pago de nómina de su equipo de asesores, 150 mil pesos para un fondo de ahorro, 640 mil pesos para actividades de “gestión” de los diputados, 160 mil para un fondo de actividades en los distritos y 50 mil pesos para el informe anual del grupo legislativo.

Para poder conocer estos datos, tuvo que darse un escándalo mediático por el pleito entre dos diputados de ese mismo partido, Cinthya Lobato y el coordinador de la bancada Sergio Hernández, precisamente por el manejo opaco y discrecional de ese dinero, sobre el cual no existe mecanismo de fiscalización alguna. Como lo dijera la también diputada panista María Elisa Manterola, los legisladores pueden pagarse hasta los bautizos de sus hijos si así lo desean.

Finalmente, han tenido que aclarar, a medias y a regañadientes, la disposición del recurso en esa bancada, aunque sea como una mera formalidad. La ausencia de mecanismos de control sobre ese gasto hace casi imposible verificar si es cierto lo que informó Mariana Dunyaska, pero al menos se vieron obligados a dar una explicación. Por cierto, en las demás bancadas no han precisado en absoluto en lo que utilizan dicho presupuesto.

La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son temas con los que la clase política se llena la boca para presumir supuestos logros, pero que en realidad les dan rasquiña a la hora en que son escudriñadas sus acciones y decisiones.

El solo hecho de que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales lleve más de un año incompleto, con una vacante en su consejo, demuestra el poco valor que los políticos veracruzanos le dan al tema. Mientras más difícil sea para los ciudadanos revisar lo que hacen con los recursos públicos, para ellos mucho mejor.

La hecatombe económica y financiera provocada por el derroche y el abierto desvío de recursos de los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa debería habernos enseñado una muy dura lección de lo que sucede cuando la ciudadanía deja pasar y hacer, sin ninguna clase de freno, a la clase política, cuya voracidad es desmedida.

Sin embargo, seguimos empeñados en construir ídolos de barro que nos van a salvar de todas nuestras desgracias, a cambio de lo cual hay que darles manga ancha para que se despachen con la cuchara grande de las arcas abiertas.

El caso del Congreso de Veracruz es una pequeña muestra de que sí se puede obligar a la clase política a transparentar sus cuentas, por más que crean que con dejar morir un tema en los medios pueden rehuir de sus responsabilidades para con los ciudadanos.

Pero es necesario exigir. Apelar a la buena voluntad de los políticos para que nos digan lo que hacen con nuestro dinero es, además de ingenuo, inútil.

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