Bitácora
Por Miguel Ángel Cristiani Gonzalez
30 de junio de 2017

Una de las estrategias comunicación que se siguen cuando se pretende manipular a la opinión pública acerca de un hecho determinado, mediante un distractor del tema, es el de bombardear con información de basura o desecho, que no sirve, pero que puede dar la impresión de que se está manejando un gran volumen de datos y haciendo transparente todo lo que interesa conocer.

 Así ocurre ahora que se está poniendo de moda, para poder cumplir con la ley, el publicar en portales de internet la información de las respectivas dependencias y entidades gubernamentales.

Incluso ocurre, que en el Congreso del Estado, en donde los diputados y diputadas tienen como una de sus principales ocupaciones el hacer las leyes, entre ellas las de Acceso a la Información, se cuenta con una Comisión especial encargada de transparentar la información.

Así las cosas, hasta se presume -mediante un boletín de prensa- que la Legislatura Estatal reporta una avance del cumplimiento del 94 por ciento de obligaciones de transparencia.
Se informa que la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz “cumple con lo establecido en los artículos 70 al 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al cargar en su página de internet 96 de 102 formatos, a los que está obligada a difundir, lo que representa un avance del 94 por ciento, lo que lo sitúa como uno de los sujetos obligados con mayor índice de cumplimiento.”

Lo cual es verdad, pero…resulta que la mayor parte de la información que se hace pública, no es precisamente la que más interesa conocer a los veracruzanos.

Por ejemplo, en el área de Comunicación Social se difundió esta semana un boletín en el que se asegura que “La información relativa al proceso de contratación 2017, se encuentra disponible en el apartado de transparencia del portal web de Legisver desde el pasado 21 de junio”.

Cuando finalmente logramos llegar al archivo en donde se presenta la información de los medios y comunicadores que están contratados por la actual Legislatura, encontramos que en efecto hay mucha información, pero la mayoría no es de mayor interés, porque en ese aspecto lo que interesa conocer es los nombres de los medios con los que se está invirtiendo el presupuesto asignado.

Aparece una gran cantidad de información, pero como decíamos al principio de esta columna, son datos que no son interesantes como por ejemplo: la Función del sujeto obligado: Área administrativa encargada de solicitar el servicio, Clasificación de los servicios:Ejercicio, Periodo que se informa, Tipo de servicio, Tipo de medio,Descripción de unidad, Tipo: Campaña o aviso institucional:Nombre de la campaña o Aviso Institucional: Año de la campaña,Tema de la campaña o aviso institucional:  Objetivo institucional,Objetivo de comunicación,  Costo por unidad, Clave única de identificación de campaña, Autoridad que proporcionó la clave,Cobertura, Ámbito geográfico de cobertura, Fecha de inicio de la campaña o aviso, Fecha de término de los servicios contratados,Sexo. Lugar de residencia, Nivel educativo, Grupo de edad, Nivel socioeconómico, Respecto a los proveedores y su contratación,Respecto a los recursos y el presupuesto, Respecto al contrato y los montos, Fecha de validación, Área responsable de la información      , Año, Fecha de actualización, Nota.

Sin embargo los conceptos de “Respecto a los proveedores y su contratación” “Respecto a los recursos y el presupuesto” Respecto al contrato y los montos” no aparecen ni los nombres, mucho menos contratos, aunque si los montos a pagar, pero no se sabe a quién.

Entonces, estamos ante un montón de información, que la mayoría se repite en todas las columnas, pero no se dan a conocer los nombres de los y las beneficiadas con esas contrataciones.

En un boletín de prensa se afirma que la inversión autorizada para este año en Comunicación Social del Congreso es de 9.93 millones de pesos, un 30% menos que lo dispuesto para este rubro en 2016. La información, que se encuentra en línea de los medios de comunicación seleccionados, se apega a los lineamientos indicados en el derecho a la protección de datos personales, pero están disponibles datos complementarios para cualquier ciudadano que lo solicite a través de la unidad de transparencia.

Como no se dan a conocer los nombres de los medios o comunicadores con los que se contrata la publicidad, nada más se tiene el monto -el mínimo pagado es de $11,600.00 a un periódico impreso de la región de Coatzacoalcos, en contraste con una radiodifusora que tiene el pago más elevado con $108,000.00 pesos.

En cuanto a los medios o portales de internet el monto varía desde los $11,600.00 pesos hasta $58,800.00 pesos los más altos.

Aunque la suma del costo por unidad de los medios de comunicación que se presenta es de $1,962,375.00, no se sabe si es el gasto mensual o el total, porque habría una diferencia de más de ocho millones de pesos con lo que se afirma es la inversión anual.

En otra parte del comunicado se explica que desde el pasado 4 de mayo entraron en vigor obligaciones en materia de transparencia, por lo que una vez concluido el protocolo de firma de contratos, se procedió a publicar la información a la plataforma nacional y estatal de transparencia para su consulta.

Se afirma en el boletín que, para desarrollar la estrategia de difusión del Congreso del Estado en 2017, la Coordinación de Comunicación Social con la autorización de la Junta de Coordinación Política, seleccionó a 38 portales de internet, 13 medios impresos, 9 estaciones de radio y un canal de televisión, para dar a conocer sus campañas de comunicación, dirigidas a informar sobre los trabajos legislativos y educar sobre el funcionamiento del Poder Legislativo. Cabe resaltar que varias empresas que cumplieron con los criterios arriba señalados, no fueron elegidas principalmente por cuestiones de restricción presupuestal.

Pero al final de cuentas, muchos datos, irrelevantes y nada respecto de los nombres de las empresas de comunicación con las que se están haciendo los negocios.

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